Proteger a los civiles en la RDC: avances y dilemas

El 1 de agosto terminó el plazo que la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) dio a los grupos rebeldes para desarmarse, y las operaciones de búsqueda y requisa de armas han comenzado. Esta misión cuenta con una nueva Brigada de Intervención de 3.000 efectivos y con un mandato para hacer uso de fuerza letal si fuera necesaria para garantizar el desarme. La ciudad de Goma y sus áreas circundantes son el objetivo: todos aquellos que porten un arma sin pertenecer al ejército serán desarmados, incluyendo a los miembros de grupos rebeldes.

El perímetro de seguridad está pensado especialmente para poner límites a los movimientos del grupo rebelde M23 e incluye la ciudad de Goma, el aeropuerto, los campos de refugiados y las bases militares tanto del ejército como de la misión multinacional. Cualquiera que entre armado dentro de esta zona se considerará “una amenaza inminente de violencia física” contra los civiles y la misión y se procederá a su desarme. Es un paso sin precedentes que, sin embargo, conlleva riesgos.

Diversos grupos e intereses en juego

El M23 es uno de los grupos más conocidos de los que operan en la RDC, debido a su ofensiva del pasado año sobre Goma, cuando tomaron la ciudad durante una semana ante la impotencia del ejército y las tropas internacionales. Sus operaciones ha forzado el desplazamiento de más de 100.000 personas. Uno de sus líderes está desde principios de este año bajo custodia de la ICC y tanto la ONU como miembros del gobierno de la RDC acusan a Ruanda de darle apoyo (algo que este país niega). En mayo pasado comenzaron una nueva ofensiva con ataques indiscriminados y víctimas civiles, justo cuando comenzó el despliegue de la Brigada de Intervención.

Otros 25 grupos armados actúan en las provincias de Kivu Norte y Sur, según Oxfam. El fenómeno es típico en guerras tan largas y con tantos intereses en juego. La RDC es un país enorme y rico en recursos naturales, especialmente minerales. Las alianzas son cambiantes pero el objetivo es controlar en cada lugar las minas de oro y otros minerales y las rutas de transporte, donde se pueden cobrar “impuestos” a quienes circulan.

Grupos armados en el este de la RDC, noviembre de 2012. Fuente: Oxfam

Grupos armados en el este de la RDC, noviembre de 2012. Fuente: Oxfam

La violencia en la RDC comenzó en 1994, después del genocidio de Ruanda, y años más tarde se le llamó “la primera guerra mundial africana” por la participación de numerosos países del continente. La violencia tenía intereses políticos y también económicos, pues prácticamente todos los grupos (incluyendo elites en el poder y de países vecinos) aprovecharon la situación para lucrarse con los recursos naturales.

En 2003 un acuerdo de paz dio paso a un gobierno de transición y un proceso de reconstrucción que nunca alcanzó el este del país. Aquí operan diversos grupos nacionales y extranjeros y el juego de intereses es amplio y complejo. El pasado 24 de febrero se firmó un acuerdo regional de paz y seguridad para el este, que ha tenido corta duración. En esta región está en juego el control de tierras ricas para la agricultura y la ganadería, y yacimientos de importantes minerales como oro y coltán. A la vez, tiene un equilibrio étnico precario después de grandes desplazamientos de población y hay una continua injerencia de actores externos como Ruanda y Uganda.

La crisis humanitaria es una de las más graves del mundo, con 2,6 millones de desplazados internos y más de 6 millones de personas dependientes de ayuda alimentaria y humanitaria. En esta guerra se calcula que han muerto cuatro millones de personas como resultado directo de la violencia o por fenómenos asociados como el desplazamiento, desnutrición y enfermedades.

La protección de civiles y los dilemas del uso de la fuerza

La posibilidad de que la MONUSCO use la fuerza respondería al principio de protección de civiles en zonas de conflicto. Sin embargo también plantea dilemas. Uno de ellos es usar la fuerza con la máxima precaución para evitar pasar a convertirse en parte del problema al involucrarse directamente en la guerra (como ocurrió en Somalia). Otro problema, para las organizaciones humanitarias, es que deben confiar en la protección que les ofrece la misión a la vez que salvaguardan su neutralidad e independencia ante la población.

Según la organización congoleña CRESA, la fuerza de intervención puede tener un impacto positivo en la protección de civiles pero para eso debe establecer canales claros y transparentes de comunicación con la población. Este paso podría tener un impacto más claro si fuera el primero dentro de un programa más ambicioso de reforma del estado y de la seguridad, y de protección de los civiles.

Por último, el verdadero problema en la RDC es la fragilidad institucional y la escasa capacidad del estado para ejercer sus funciones. El uso de medios militares puede ser necesario pero no sustituye a la voluntad política de gestionar los factores del conflicto (incluyendo los recursos), mejorar las instituciones de seguridad y adelantar programas de buen gobierno que puedan contribuir a lograr una paz sostenible. A la vez, faltan medidas en los ámbitos regional e internacional para controlar la llegada de armas y entrenamiento desde el exterior y la salida de minerales que enriquecen a varias partes de este conflicto mientras la población sufre las consecuencias.

Proteger a los civiles ha sido siempre una tarea pendiente en la RDC (y le ha generado a la ONU fuertes críticas por inacción). El nuevo paso, por tanto, puede ser bienvenido por la población. Los riesgos de adoptar una estrategia principalmente militar también son evidentes.

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