¿Hacia una nueva política de drogas en EE UU?

Esta semana se han producido dos eventos importantes, que podrían señalar el inicio de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas dentro de EE UU.

El pasado lunes, una jueza de Nueva York sentenció que la política del Departamento de Policía, de parar y registrar indiscriminadamente a personas en la calle en busca de drogas, viola la Constitución del país ya que afecta de forma desproporcionada a poblaciones negras e hispanas. La táctica, asegura, se ha usado 4,4 millones de veces entre 2004 y 2012 y, en el 80% de los casos, las personas registradas eran hispanos y negros.

Afirma la jueza Scheindlin que “los más altos oficiales de la ciudad han cerrado los ojos a la evidencia de que la policía utiliza esta política de una forma discriminatoria en términos raciales”. Su sentencia confirma que para los delitos de drogas menos graves y no violentos, relacionados sobre todo con la marihuana, la polítia tiene un sesgo racial y afecta de forma indiscriminada a las minorías.

Por otra parte, el fiscal general Eric Holder ha anunciado el final de las penas de prisión obligatorias a nivel federal para delitos de drogas no violentos y de pequeña escala. Estas penas mínimas obligatorias afectan especialmente a la posesión de marihuana y contribuyen a cargar aún más un sistema de prisiones ya desbordado. 

El FBI reconoce que, en 2011, se produjo un arresto relacionado con la marihuana cada 42 segundos en el país, con 750.000 arrestos en total. Al año siguiente la cifra bajó a la mitad, pero sigue siendo muy superior a otras relacionadas con cocaína y otras drogas.

Eric Holder anunció la nueva política en un encuentro de la Asociación de Abogados en San Francisco, señalando que la cárcel “debería usarse para rehabilitar, y no sólo para castigar, almacenar y olvidar”. También señaló que las penas mínimas obligatorias le costó al gobierno 80.000 millones de dólares solamente en 2010.  

Aunque ambas iniciativas son moderadas y no cambios radicales (y ya han sido criticadas por insuficientes), podrían dar como resultado una bajada en las tasas de población carcelaria y sentencias menores para delitos leves.

Ya he hablado antes en este blog de la guerra contra las drogas. Sin embargo, sólo se abordaron algunas dimensiones internacionales de la “guerra”, y no la forma en que se libra dentro del territorio estadounidense. El enfoque de mano dura es también verdad aquí. Una política basada en un enfoque muy duro de aplicación de la ley ha dado como resultado la tasa de población encarcelada más alta del mundo, mucha de ella por delitos no graves relacionados con drogas, y especialmente cuando se trata de minorías raciales. Las políticas de prevención del consumo a través de la educación, y de salud pública, han recibido mucha menos atención y recursos.

La Administración Obama anunció, ya en 2009, un nuevo enfoque en la política antidrogas. La intención era buena, aunque los cambios no han sido ambiciosos, especialmente en el ámbito internacional. Estas iniciativas significan un cambio, sea o no suficiente. Veamos cuáles son los resultados.

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