Criminalizar la protesta, poner en riesgo la democracia

Treinta activistas de Greenpeace llevan más de un mes de detención preventiva en Rusia, por realizar una acción de protesta pacífica en una plataforma de la petrolera Gazprom que lleva a cabo perforaciones en el Ártico.

El barco Arctic Sunrise fue abordado por la Guardia Costera rusa y la tripulación, así como un cámara y un fotógrafo, detenidos a punta de pistola. Desde el 18 de septiembre se encuentran en la cárcel de Murmansk y podrían llegar a cumplir dos meses de prisión sin cargos antes de que el tema llegue a juicio.

Pero esto no es lo peor. Rusia les acusó de piratería cometida por grupo organizado, un delito grave que puede conllevar una sentencia de hasta 15 años de prisión.

Juristas rusos y expertos en Derecho Internacional se pronunciaron en contra de la aplicación de este cargo a una protesta pacífica. El Código Penal ruso establece que la piratería se comete contra un barco, no contra una plataforma (como fue el caso), e incluye el uso de la violencia o el intento de robar la propiedad. El Derecho Internacional califica de piratería los actos violentos cometidos contra barcos o aeronaves con fines privados.

Lo más probable es que el cargo de piratería pretendiera dos cosas. Primero, justificar de forma retroactiva por qué se abordó el Arctic Sunrise en aguas internacionales (un acto ilegal por sí mismo excepto con esa justificación). Segundo, disuadir a otros de participar en protestas similares.

Ayer se conoció que los cargos de piratería eran retirados. Ahora les acusan de vandalismo y, a algunos activistas, de uso de la fuerza contra la policía.

Sigue siendo un ejemplo grave de una tendencia que prolifera: la criminalización de la disidencia y la protesta. Un informe reciente lo muestra con claridad. Se llama Take Back The Streets: Repression and Criminalization of Protest Around the World, y lo han elaborado nueve organizaciones de derechos y libertades en otros tantos países.

Hay una clara tendencia al uso excesivo de la fuerza del estado para aplastar manifestaciones de protesta pacíficas, incluyendo la vigilancia, infiltración previa y el uso “agentes provocadores”; los arrestos injustificados, la violencia y peticiones de penas desproporcionadas.

Esto ocurre en Rusia y en muchos otros lugares. Incluso en democracias, se está intentando restringir los canales de expresión, protesta y participación política al voto cada cuatro años. Parece que la sociedad debería votar y luego quedarse al margen y limitarse a esperar hasta la próxima vez. Otras formas de expresión son cada vez más criminalizadas.

Pero la libertad de pensamiento y expresión y los derechos de reunión, manifestación y protesta pacífica forman parte integral de lo que llamamos democracia. Y la sociedad civil tiene derecho a hacer oír su voz. El intento de “retorcer” el Derecho, nacional o internacional, para impedirlo mediante la intimidación, no debería ser tolerado.

Greenpeace tiene en marcha numerosas iniciativas para intentar que los activistas y el barco sean liberados. Si esto te interesa y quieres ayudar, entra en Greenpeace y súmate a alguna de ellas.

Sólo son activistas.

Anuncios