¿Hemos aprendido las lecciones de Ruanda?

Se han cumplido veinte años del genocidio de Ruanda, en el que alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas en un plazo de tres meses, mientras la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Fue una tragedia anunciada y ha tenido consecuencias hasta hoy en la seguridad regional, como muestra la situación en el este de la RDC. Los que sobrevivieron siguen intentando buscar justicia y reconstruir sus vidas.

La ausencia de respuesta internacional y la vergüenza una vez que terminaron las matanzas no sirvieron de mucho a las víctimas, aunque sí impulsaron reflexiones y debates sobre la justicia internacional y sobre la capacidad colectiva (o falta de ella) para prevenir o frenar crímenes contra la humanidad y genocidios. También en este caso se prometió que “nunca más” se permitiría algo así.

No puedo abarcar aquí todos los debates, ni las políticas a las que dieron lugar en algunos casos, así que me gustaría centrarme en dos. Por un lado la justicia internacional, los avances después de Ruanda y los debates actuales en torno a ella que, paradójicamente, se están produciendo sobre todo en África. Por el otro la protección de civiles frente a atrocidades, y las tensiones entre la responsabilidad externa y la soberanía interna cuando se producen crímenes contra la humanidad.

El genocidio en Ruanda, y guerras como las de los Balcanes, dieron un impulso a la justicia internacional. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda se creó en 1994 para juzgar a los responsables del genocidio, y fórmulas mixtas dieron lugar a otros como el de la ex Yugoslavia o el de Sierra Leona.

Estos organismos, a su vez, serían precursores de la Corte Penal Internacional, competente en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en cualquier parte del mundo, cuando el estado donde se han producido no quiera o pueda impartir justicia.

Es paradójico el actual enfrentamiento de la Unión Africana con la CPI, después de que los países de este continente estuvieran entre sus principales defensores y 34 de ellos formen parte de la misma (el mayor bloque regional). La UA ha llegado a hacer un llamamiento para la retirada de la Corte de los países africanos.

La mayoría de los procesos iniciados por la Corte se refieren a eventos y conflictos africanos, con casos en ocho países. En cinco de ellos (Uganda, Mali, Costa de Marfil, República Centroafricana y RDC) la Corte actuó a petición del estado; en Sudán y Libia a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU, y Kenia es el único caso abierto por iniciativa de la propia Corte.

El apoyo de los gobiernos africanos a la Corte era, por tanto, alto. Hasta que comenzó a investigar a presidentes en ejercicio: Omar al Bashir de Sudán (2009, por atrocidades cometidas en Darfur); y Uhuru Kenyatta (Kenia, al que acusa de instigar la violencia tras las elecciones de 2007). Éste último en particular ha logrado movilizar a su país, incluyendo a la oposición, y convertir la resistencia en fervor nacionalista, y ha sido apoyado por otras elites africanas que quizá temen seguir sus pasos.

El enfrentamiento entre África y la CPI ilustra como ningún otro episodio las limitaciones de la justicia internacional.

La Corte es acusada de poner el foco sobre África porque es donde puede hacerlo y de ejercer un nuevo colonialismo. Este argumento tiene mucho peso en círculos políticos y diplomáticos y menos en sectores de la sociedad civil y víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Pero encuentra eco porque hay razones.

Otros fuertes candidatos a la jurisdicción de la Corte no han sido procesados (en Israel, Siria, Sri Lanka, Irak, EE UU, etc.), y esto muestra los límites de la justicia frente a las realidades geopolíticas. La Corte, en general, no ha actuado en Oriente Medio pese a ser fuente permanente de conflicto.

También es cierto que, en África, el apoyo era alto cuando se procesaba a miembros de grupos armados opositores, y el enfrentamiento surge con la potencial implicación de jefes de estado en ejercicio. Esto parece haber provocado un temor general a “ser el próximo”. En la propia Ruanda el presidente desde la época posterior al genocidio, Paul Kagame, es muy reticente ante la justicia internacional, quizá por temor a verse responsabilizado de su apoyo a grupos armados en la RDC.

En cualquier caso, y más allá de esto, la justicia avanza también en África. La Unión Africana creó un Panel de Alto Nivel sobre Sudán que presentó recomendaciones importantes para la paz. Hay una propuesta para incluir los crímenes internacionales en la jurisdicción de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos. Se han creado unidades sobre crímenes internacionales en los altos tribunales de Kenia y Uganda, por ejemplo.

Proteger a los civiles: del DIH a la responsabilidad de proteger

De las atrocidades de los años noventa, notablemente de Ruanda, nacen también debates sobre principios y normas como la protección de civiles y la “Responsabilidad de Proteger”, que replantea el principio de la soberanía estatal a partir de las obligaciones del estado con sus habitantes. Si éste no quiere o puede protegerlos, o si es el perpetrador de atrocidades, este principio señala que otros estarían legitimados para adoptar medidas, prevenir los crímenes y proteger a la población civil (siempre bajo ciertas condiciones).

Éste es un principio emergente en las relaciones internacionales, objeto de fuertes debates y nunca aplicado en su integridad hasta el momento. También ha generado fuertes críticas en el sentido de que, como otras normas, su aplicación será selectiva y se ejercerá en función de los intereses de los estados más poderosos, abriendo la puerta a abusos sobre los estados más débiles.

El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger ha urgido, en este aniversario, a todos los países miembros de la ONU a que den pasos concretos para cumplir este principio.

El principio se invocó para autorizar la protección de civiles en Libia con una zona de exclusión aérea, sin veto en el Consejo de Seguridad. Pero la campaña de la OTAN, que fue mucho más allá de lo establecido, ha hecho que países como Rusia y China (entre muchos otros) hayan dado marcha atrás. La falta de acción para proteger a los civiles sirios tiene muchas razones, y ésta es una de ellas.

En conclusión, veinte años después de Ruanda las promesas de “nunca más” no se han cumplido. Aunque se ha avanzado, tanto la justicia internacional como las iniciativas de protección de los civiles han encontrado límites. Hay muchas razones para ello, una de las cuales es que los estados poderosos los usen para defender sus propios intereses y hagan una aplicación selectiva de los mismos, lo que contribuye a minar su legitimidad y eficacia.

Pero no parece que la solución sea dar marcha atrás sino al contrario: seguir avanzando parece la única opción.

En un mundo en constante cambio, donde los poderes tradicionales ven límites a su poder y otros actores están en alza, sería importante que estos nuevos poderes internacionales usen su poder para hacer avanzar la causa de la justicia.

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