El dilema de los minerales de conflicto

Post publicado originalmente en el Blog Paz, en Construcción (El País, 9 de mayo de 2014)

¿Contiene tu teléfono móvil, o tu consola, tántalo procedente de minas controladas por actores armados en el este de la RDC? Al comprarlo, ¿estás contribuyendo a financiar la violencia? Y si así fuera, ¿qué puedes hacer –tú y otros- para evitarlo?

La explotación ilegal de minerales valiosos en contextos de conflicto, y el uso de los beneficios para financiar actores armados y sostener la violencia, es un fenómeno reconocido desde hace años.

Los llamados “minerales de conflicto” son parte importante de los debates que, desde instituciones académicas, ONG y medios de comunicación, han analizado la importancia relativa de la codicia y/o los agravios como causas de la violencia y las guerras en el mundo actual. A la vez, tanto la ONU como otros organismos han tratado de abordar esta cuestión mediante medidas en dos grandes vías: por un lado la prevención y regulación y, por otro, medidas coercitivas para recuperar o establecer el control legítimo sobre estos sectores.

EE UU ha ido ahora más lejos. Y la empresa con base en Taiwán Siliconware Precision Industries Ltd (SPIL), fabricante de microprocesadores, se ha convertido en la primera en aplicar la ley de este país que impone medidas de transparencia y control a las compañías que operan con minerales que podrían proceder de zonas de conflicto armado, especialmente la región de los Grandes Lagos y el este de la RDC. Las demás, si no lo hacen antes de forma voluntaria, debe presentar sus informes el 2 de junio.

La norma es la Sección 1502 de la llamada Ley Dodd-Frank, relativa al uso de minerales de conflicto. Las empresas cotizadas deben publicar un informe anual relativo a sus cadenas globales de suministro de minerales, las medidas adoptadas para determinar su origen y, en el caso de que procedan de zonas de guerra en África Central, garantizar que no financian a actores armados; así como una descripción de sus productos manufacturados que pueden contenerlos. Esta información debe recogerse en el informe anual y publicarse en sus páginas web.

El principal valor de esta regulación es que hace avanzar en el concepto de responsabilidad corporativa en zonas de conflicto y establece un precedente importante: la responsabilidad abarca la cadena global de suministro y también los procesos de producción subcontratados a otras entidades. El grado de transparencia tiene como objetivo último que el consumidor pueda ejercer una elección responsable cuando, por ejemplo, cambia de modelo de teléfono móvil.

En el este de la RDC la abundancia de minerales, la ausencia de estado y la proliferación de actores armados han generado una letal combinación de intereses internos y externos. El resultado es una crisis crónica cuyos efectos sufren los civiles en forma de violencia, desplazamiento, epidemias, extorsión y pobreza. El comercio ilegal afecta principalmente al estaño, tungsteno, oro, y coltán y su derivado el tántalo, utilizados en la industria electrónica, metalúrgica y aeroespacial, entre otras.

Mucho antes, los diamantes financiaron las guerras en Angola y Sierra Leona.

Las estrategias internacionales y nacionales adoptadas hasta ahora en la RDC y otros contextos para gestionar los minerales de conflicto han mostrado sus límites. En general se han basado en dos grandes vías de actuación. La primera es coercitiva, y trata de devolver el control al estado mediante el apoyo directo y sanciones o embargos a los grupos no estatales. En el caso de la RDC la misión internacional de paz, MONUSCO, ha dado apoyo a las autoridades para recuperar ese control. La segunda gran vía son las iniciativas de regulación, que pretenden evitar que esos minerales lleguen a los mercados. Este mapa detallado de las zonas mineras del este de la RDC, elaborado por el IPIS, ha servido en ocasiones para detallar la procedencia de los minerales.

Ambos tipos de estrategia han tenido efectos imprevistos muy visibles en la RDC, por ejemplo el apoyo al estado para ampliar su autoridad, a través de la MONUSCO. En ocasiones, allí donde las Fuerzas Armadas (FARDC) toman el control, la economía militarizada de los minerales simplemente cambia de manos, mientras la brutalidad, el beneficio de unos pocos y los sistemas de clientelismo y corrupción continúan.

En cuanto a la Ley Dodd-Frank, algunas empresas han optado por la vía más fácil: dejar de comprar minerales aquí, ante los daños potenciales a su imagen y el coste de adoptar medidas de responsabilidad. Otras, que han decidido continuar pero no están sujetas a la ley estadounidense, han bajado los precios a los productores. La economía local ha sufrido y no ha afectado sólo a los grupos armados sino a miles de pequeños mineros artesanales.

Un reciente artículo en The Washington Post señala que, en la RDC, las acciones internacionales se basan en narrativas simplificadas que a su vez conducen a respuestas fáciles. Para unos, hay que dar más importancia a los conflictos locales relacionados con la tierra, ciudadanía e identidad. Otros cuestionan la importancia de los minerales en la financiación de la violencia, y otros más señalan que los grupos armados recurrirán a otros recursos si el acceso a los minerales se ve afectado.

Todo ello indicaría que existen dinámicas más profundas y complejas: una militarización de la economía, especialmente de los sectores más vulnerables y lucrativos (minería, contrabando, otros comercios ilegales) y un gobierno privatizado sobre recursos clave que se ejecuta por medios violentos. Entre esos recursos está la población que, como señalaba Oxfam, ha sido transformada en otra mercancía de guerra.

¿Quiere esto decir que la solución sería no regular o, en general, no intentarlo? Al contrario. Quizá habría que ir más lejos, y utilizar estas medidas como base para otras más ambiciosas de carácter diplomático, político y de desarrollo. Desde el International Crisis Group se sugiere que Europa puede y debe ir más lejos que EE UU y adoptar un enfoque integral: regulación, pero también iniciativas para el desarrollo de las comunidades mineras, y diálogo político con los países productores y las instituciones multilaterales para abordar en serio la reforma del estado y de las fuerzas de seguridad.

Recursos valiosos como los minerales juegan un papel importante en economías de guerra pero no el único. Se utilizan para financiar luchas por el poder ancladas en dinámicas sociales y políticas. La dicotomía entre codicia y agravios sería una simplificación ya que todos los actores involucrados buscan beneficios pero también poder. La combinación más letal tiene lugar allí donde la abundancia de recursos valiosos y fácilmente explotables se combina con pobreza aguda, en contextos de mal gobierno y proliferación de actores violentos. Más tarde, esa riqueza en minerales y recursos que, en teoría, podría ser vital para la recuperación posconflicto, en muchas ocasiones es un obstáculo ya que el control sobre ellos determina (y dificulta) las alianzas y acuerdos políticos. De nuevo: se trata de recursos y de poder.

Las respuestas, por tanto, deberían darse en ambos planos. Sólo así se evitaría que “extender la autoridad de un estado depredador resulte simplemente en que se reemplaza un grupo de perpetradores (grupos rebeldes congoleños y extranjeros) por otro (autoridades y fuerzas de seguridad del estado)”.

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