New Report: Organized Crime Trends in 2014

The Global Initiative against Transnational Organized Crime has presented the annual report ‘What to Watch in 2014”. Traditionally considered an internal issue, to be addressed with the tools of law enforcement and criminal justice, organized crime is step by step being included in analysis about global trends in conflict and peace. What we have here is the inverse situation: an analysis of organized crime shows several points of contact and friction with instability, weak governance and conflict.

Given the transnational scope of many networks; the multiple crimes in which they are involved (from drugs to trafficking in persons and human smuggling, counterfeit goods and documents, weapons and wildlife, among other valuable items), and the huge financial profit they attain, it is no surprise that TOC may add to threats to governance, peace and democracy in a number of regions and countries.

And what are the forecasted trends for 2014? Let’s centre in a few of them for their potential significance and impact:

Organized crime has taken advantage of conflicts, instability and social unrest in some North Africa and Middle East countries, particularly Libya and Syria. These territories have been incorporated into criminal routes (and markets) for drugs, arms and other items, and in the way these operations contribute to fund parties in conflict and supply arms. Southern Libya is a case in point, as well as states surrounding the area.  Libya is a gateway to Europe and part of the corridor East-West (and vice-versa). Militia violence in some areas has to do with control over routes and a nascent market for protection services. Syria has become a market for arms and for smuggling of food, medicine and people.

The markets for illicit drugs are soaring in Gulf countries, accounting for over 60% of the world methamphetamine consumption and growing rates for heroin and cocaine. Trafficking finds the way there through the weakest points and routes. This means more vulnerability for North African states such as Lybia and Egypt.

International missions face a breadth of new challenges. One case in point is the double French-UN mission in Mali, where local conflict, organized crime and terrorism are present. Most peacebuilding missions are not designed to understand (not to mention address) the local and regional dynamics of illicit economies and their actors, and often fail to provide communities with alternatives, as well as to address corruption.

Psychoactive Substances, prominently including amphetamines, are booming: they are cheap, easy to manufacture and highly addictive. Consumption is on the rise in East Asia and the Middle East (Gulf countries). But the next hotspot is expected to be Africa, already home of key trafficking routes and increasingly involved in meth production in countries like Nigeria.

Piracy is no longer a Somalia issue, but has increased and expected to do so in the Gulf of Guinea and East Asia. Coastal densely populated areas with availability of weapons, scarce economic opportunities and little if any state control, provide the most likely hubs for maritime crime.

Despite international and national regulation and law enforcement efforts, poaching and traffic in wildlife (particularly those species highly valuable in affluent markets) continues to feed organized crime and put in danger some of the most vulnerable species over the planet (and in the way, feeding corruption and undermining governance).

Last but not least, new approaches are being tested in Latin America after decades of punitive strategies. The first outcomes could be seen this year: 1) Levels of homicide due to gang territorial fights have led Honduras and El Salvador to negotiate and seek a truce with gangs to lessen levels of violence; 2) Uruguay (as well as the US states of Colorado and Washington) have legalized the recreational use of marijuana, among other factors to curb the power of illegal networks and put the issue under state control.

Interested in those trends? Here is the full report by the Global Initiative against Organized Crime.

For a challenging study on the role of illegal criminal networks in current affairs in Mali, and the challenge for international missions, check Illicit Trafficking and Instability in Mali: Past, present and future, January 2014.

For an innovative approach to criminal actors in conflict, check James Cockayne, Strengthening Mediation to Deal with Criminal Agendas, Centre for Humanitarian Dialogue, Oslo Forum, 2013.

Crimen organizado en 2014: nuevo informe

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Global Initiative against Transnational Organized Crime) ha presentado su informe sobre tendencias a tener en cuenta en 2014. Este tema, que tradicionalmente se ha considerado interno y abordado con la ley y el sistema penal, va paso a paso camino de ser incluido en los principales análisis sobre tendencias globales en paz, seguridad y conflictos.

No es extraño. Muchas de estas redes tienen carácter transnacional; están involucradas en múltiples tráficos (drogas ilegales, personas, bienes y documentos falsificados, armas, productos derivados de especies en peligro, entre otros); y obtienen unos beneficios económicos que les permiten altos niveles de corrupción estatal. En ciertos países y regiones, llegan a suponer una amenaza para la gobernabilidad, la paz y la democracia.

¿Y cuáles son las tendencias previstas para 2014? Centrémonos en unas pocas, por su potencial impacto.

El crimen organizado ha aprovechado los conflictos, inestabilidad política y descontento social en algunos países del Norte de África y Oriente Medio. De Libia a Siria, hay territorios que se han incorporado a las rutas (y como mercados) de productos como drogas, armas y otros, mientras por el camino financian a grupos armados y proporcionan armas. El sur de Libia está afectado y también las regiones fronterizas en los estados vecinos. Libia es una puerta hacia Europa y parte del corredor Este-Oeste (y viceversa). En algunas zonas las milicias luchan por el control de rutas y un mercado emergente de servicios de protección. Siria es un mercado para las armas y para el tráfico de bienes, comida, medicinas y personas.

En los países del Golfo Pérsico crece el consumo de drogas ilegales (constituyen el 60% del consumo global de metanfetaminas y crece el de heroína y cocaína). Estos productos llegan a través de los puntos más débiles y con menos control, lo que añade vulnerabilidad a estados como Libia y Egipto.

Ciertas misiones internacionales de paz se enfrentan a nuevos retos. La doble misión de Francia y la ONU en Mali es un caso emblemático. Aquí se mezclan los conflictos locales, el crimen organizado y el terrorismo. La mayoría de estas misiones no incluyen en su mandato analizar (y mucho menos abordar) las economías ilegales y sus actores, proporcionar alternativas a las comunidades o abordar la corrupción.

Se dispara el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo anfetaminas: son baratas, muy adictivas y fáciles de fabricar. El consumo está en alza en Extremo Oriente y el Golfo Pérsico. Pero el nuevo mercado se espera que sea África, por donde ya pasan rutas importantes y con una incipiente producción en países como Nigeria.

La piratería no puede considerarse ya un asunto exclusivamente somalí. Ha crecido, y se espera que lo haga más, en el Golfo de Guinea y Asia oriental. Los puntos clave: zonas costeras densamente pobladas, donde hay disponibilidad de armas, pocas oportunidades económicas y escaso control estatal.

Pese a las regulaciones internacionales y nacionales, y a los esfuerzos que hacen muchos países, la caza furtiva y tráfico en especies salvajes (sobre todo aquellas muy demandadas en mercados que pueden pagarlas, como rinoceronte o elefantes) continúa beneficiando al crimen organizado. De paso, ponen en peligro algunas de las especies más amenazadas de extinción.

Tras décadas de estrategias punitivas y enfoques duros, en América Latina han comenzado a probarse dos nuevas estrategias, cuyos primeros resultados podrían verse en 2014. 1) Las tasas de violencia y homicidios, debidas a las guerras territoriales entre bandas, han llevado a El Salvador y Honduras a negociar una tregua con éstas buscando reducir los niveles de violencia. 2) Uruguay (como los estados de Washington y Colorado) ha legalizado el uso recreativo de marihuana.

Si te interesan estas tendencias, aquí está el informe completo de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

También de la Coalición, recomiendo este estudio sobre el papel de redes económicas ilegales en la actual situación en Mali, y el reto para la misión internacional (enero de 2014).

Y para ver un ejemplo de cómo estos temas se están incorporando a la agenda de paz y seguridad, este informe de James Cockayne, Strengthening Mediation to Deal with Criminal Agendas, Centre for Humanitarian Dialogue, Oslo Forum, 2013.

México necesita algo más que promesas

A un año de que Enrique Peña Nieto se convirtiera en presidente de México, la violencia y la inseguridad siguen siendo gravísimas en este país. Los cambios prometidos en la estrategia de seguridad y los nuevos enfoques para luchar contra el crimen organizado, han sido poco más que retórica y sus resultados muy limitados. La guerra contra las drogas continúa, entre abusos generalizados de los derechos humanos y pocas responsabilidades; la reforma del sector de seguridad está estancada, y han surgido nuevos grupos armados en áreas donde el Estado es débil o está ausente. México necesitará más que promesas para cambiar de rumbo.

El Pacto por México, una de las primeras medidas, fue un acuerdo entre los tres principales partidos con importantes objetivos en seguridad. Se habló de mejor coordinación entre las policías locales, estatales y federal y de un sistema para depurar la corrupción. El Pacto preveía la creación de una Gendarmería y medidas y recursos para mejorar el sistema judicial. En este marco de construcción de instituciones, también se anunció un plan de prevención de la violencia dotado con 9.000 millones de dólares y centrado en la educación, la reducción de la pobreza y el desarrollo comunitario.

Pero las estrategias no han cambiado mucho. El Ejército sigue desempeñando un papel clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y las violaciones de los derechos humanos continúan. La Gendarmería ha quedado reducida a una fuerza especial civil dentro de la Policía Federal y no estará operativa al menos hasta mediados del próximo año. El Código de Justicia Militar, relacionado con rendir cuentas ante tribunales civiles por abusos de los derechos humanos, está empantanado en el Senado y no hay certezas sobre su contenido final. El pasado octubre, el Consejo de Seguridad Pública aprobó extender por un año (más) el plazo para depurar la corrupción en las fuerzas policiales.

También hubo pasos prometedores con respecto a las responsabilidades de la violencia. Se aprobó una Ley de Víctimas que preveía justicia y reparación. Se reconoció la gravedad del crimen de las desapariciones y se puso en marcha una unidad de investigación para abordarlo. Sin embargo, hasta octubre no se ha creado la Comisión para la Atención a las Víctimas y no está claro cuándo tendrá recursos. Tampoco hay información sobre cómo marchan los trabajos para mejorar la base de datos de casos registrados de personas desaparecidas.

Es preciso reconocer que la doble tarea que afronta México, mejorar la seguridad ciudadana y reformar los cuerpos de seguridad, no es sencilla. La guerra contra las drogas y los niveles de violencia se multiplicaron en el mandato de Felipe Calderón. La corrupción y la falta de coordinación entre diferentes cuerpos policiales se resolvieron utilizando al Ejército para luchar contra los cárteles. Miles de soldados fueron desplegados. Pero lo que resultó fue una guerra frontal contra los cárteles de la droga, y guerras entre ellos y dentro de ellos. Alrededor de 70.000 personas murieron y 25.000 desaparecieron en medio de la violencia.

El mercado ilegal de las drogas sobrevivió. Algunos grupos del narco se hicieron más fuertes mientras otros se fragmentaban, el mercado se volvió más descentralizado y la violencia se extendió. A la vez, cada vez abarcaron más actividades delictivas y rentables, como el tráfico de seres humanos (migrantes), la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas, etc. Los principales grupos están armados al estilo militar, tienen importantes aliados internacionales y han extendido su presencia a otros países centroamericanos.

Bajo el Gobierno de Peña Nieto, las tasas de homicidios han bajado muy poco, mientras el secuestro y la extorsión se han disparado. La violencia continúa, y la variedad de grupos armados ilegales supone un reto para la autoridad del estado y el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

Un fenómeno reciente y en expansión ilustra los límites del poder estatal y del imperio de la ley. En varios estados han nacido grupos de autodefensa formados por civiles armados que pretenden defenderse. El epicentro del fenómeno está en Michoacán y Guerrero, donde miles de hombres armados forman parte de alguna de estas organizaciones. En octubre, se enviaron 1.000 soldados a Michoacán ante los choques entre los grupos de autodefensa y los Caballeros Templarios (una escisión de La Familia Michoacana).

En este estado hay sectores económicos pujantes, como la agricultura para producir limón y aguacates y la ganadería. Sus dueños han sido mucho tiempo sometidos a la extorsión y el secuestro, igual que cualquier pequeño negocio y cualquier ciudadano. Ahora las autodefensas han tomado 54 municipios, donde toman el control y desalojan a las policías locales (a las que acusan en muchos casos de vínculos con el crimen organizado).

La respuesta ciudadana es comprensible dadas las circunstancias, pero la expansión de las autodefensas añade una nueva dimensión a la ya compleja escena de la violencia. De acuerdo a algunos analistas, podría ser la antesala de un nuevo conflicto, éste ya de carácter político-militar. Los territorios controlados por estos grupos están, desde luego, más allá de la autoridad del estado. El Gobierno ha intentado a la vez dialogar con ellos y deslegitimarlos. Algunas fuerzas políticas han propuesto un marco jurídico que les permita funcionar mientras delimita sus derechos, obligaciones y responsabilidades.

Sean cuales sean las respuestas a corto plazo, permitir que operen los grupos de autodefensa tiene riesgos. Algunos de ellos nacen de las mejores intenciones, mientras otros pueden ser vulnerables a la infiltración por intereses menos claros. Y la línea que separa las autodefensas del paramilitarismo puede ser realmente tenue, como muestra la historia de Colombia. A mayor número de grupos armados no estatales operando, más posibilidades de que la violencia escale fuera de control.

Afrontar los problemas con estrategias que ya han fallado no es una opción que México pueda permitirse. Tampoco, experimentar con soluciones bienintencionadas que pueden dar resultado de corto plazo pero tienen muy pocas garantías a medio y largo plazo. No hay alternativa a construir instituciones eficientes, responsables y transparentes. El Gobierno necesita una estrategia coherente para lidiar con los grupos de autodefensas y con el crimen organizado, y sobre todo, necesita proporcionar seguridad y aplicar la ley. Este reto es inmenso y de largo plazo, y requiere muchos recursos y altos grados de voluntad política. Es urgente la reforma de las fuerzas de seguridad, especialmente las policías; dotar de mejores recursos y más capacidad al sistema de justicia, y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El Gobierno mexicano tiene también, dada su experiencia, una posición óptima para jugar un papel importante e incluso de liderazgo en los actuales debates internacionales sobre las políticas de drogas.

PD: Perdón por el retraso en incluir este artículo. Fue publicado el 7 de diciembre en The Huffington Post. Por eso también lo podéis ver aquí.

Mañana debatimos la guerra contra las drogas

Minientrada

Mañana participo en un debate organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y La Casa Encendida. El tema, el balance de la guerra contra las drogas y las nuevas perspectivas que se están planteando para su regulación.

Estarán también José Soeiro, sociólogo portugués y dirigente del Bloco de Esquerda, y Jordi Cebrián, periodista y escritor de la revista Cáñamo.

Todos los datos los podéis encontrar aquí.

Como avance, adjunto un enlace a una entrevista que he hecho con la radio de La Casa Encendida. Espero que os guste. 

Conversaciones de paz en La Habana

El gobierno colombiano y las FARC han retomado las negociaciones que mantienen en La Habana para poner fin a la guerra que vive Colombia. El proceso comenzó en noviembre del año pasado y las dificultades no han faltado. En el último episodio, las FARC amenazaron con hacer públicos aspectos confidenciales de la negociación y el gobierno con la ruptura si esto llegaba a darse.

Toda negociación de paz es difícil por los temas que están en debate y por los diferentes tiempos políticos que suelen manejar los interlocutores.

En el caso de Colombia la guerra dura ya décadas. Han participado múltiples y diversos actores armados incluyendo a un estado que no siempre se ha ceñido al estado de derecho y el Derecho Internacional Humanitario. Es una guerra sucia con masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desplazamiento forzado y apropiación indebida de bienes como la tierra. El 80% de las víctimas son civiles.

La tierra fue el origen del conflicto y lo sigue atravesando en todas sus dimensiones. El modelo rural se basa en grandes propiedades de ganadería extensiva o de monocultivos de exportación y hay millones de campesinos sin tierra. Durante décadas, el desplazamiento forzado y la apropiación de las tierras de los desplazados han sumado una contra-reforma agraria a ese sistema ya desigual.

Después llegó el narcotráfico. La nueva economía ilegal no sólo permitió enriquecer a los cárteles y financiar a los grupos armados sino que permeó la economía y benefició a las elites. El flujo incesante de fondos permitió alimentar y sostener la violencia y la guerra escaló como consecuencia.

Resolver esos temas no será fácil y la negociación tiene además otros problemas. El primero, los tiempos políticos. El gobierno esperaba un proceso más rápido, y el presidente Juan Manuel Santos afronta elecciones el año próximo con índices de popularidad decrecientes y fuerte oposición de sectores influyentes cercanos al ex presidente Álvaro Uribe. Las FARC temen los tiempos por otra razón: las garantías de futuro del proceso si este gobierno no sigue.

En segundo, el concepto de democracia y representación política: basada en los partidos, como actualmente, o como demandan las FARC con inclusión de movimientos sociales. En tercero, qué equilibrio de verdad, justicia y reparación se va a conseguir en Colombia. La guerra ha durado tanto que las víctimas son incontables. Hay crímenes (de guerra y contra la humanidad) incluidos en el Estatuto de Roma de la  CPI, cuya fiscal está en contacto con el gobierno colombiano. Está también el precedente de la desmovilización paramilitar, conseguida con penas y pagos mínimos por los daños cometidos.

El ‘establecimiento’ (la elite) no parece aceptar nada que no sea la destrucción de las FARC. Este grupo reclama garantías para abordar una vía política (que no termine en masacre, como la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa). En el horizonte estaría la convocatoria de una Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos y sentar las bases del futuro sistema político. El problema de fondo es que las FARC quieren unas negociaciones de igual a igual, mientras el gobierno negocia un sometimiento a la justicia con beneficios políticos.

Las drogas y el narcotráfico serán otro obstáculo. Colombia ha aplicado con gran dureza las políticas estadounidenses de guerra contra las drogas. Ha militarizado el campo y fumigado millones de hectáreas sin lograr el fin de un negocio que siempre logra adaptarse.  Este es un tema político importante en Washington y cualquier acuerdo definitivo o temporal requerirá de EE UU apoyo o, al menos, mantenerse al margen.

Hay acuerdo en el primer punto de la agenda que es a la vez el más difícil: la tierra. La fórmula permitiría repartir entre los campesinos tierras improductivas y baldías e incautadas al narcotráfico. Una ruta que permite “entrarle” al problema sin enfrentarse abiertamente a ganaderos,  terratenientes y elites rurales. Si es posible el acuerdo sobre la tierra, deberían serlo los demás.

Las voces críticas son muchas y diversas. Sectores de la sociedad civil demandan más participación y canales para hacer llegar sus demandas a la mesa de diálogo. Las víctimas exigen justicia, la verdad sobre el daño causado y reparación. Elites económicas y políticas (especialmente las rurales) se oponen al proceso y a cualquier intento de cambiar el statu quo.

Todas las partes saben a estas alturas que ninguna puede ganar por la vía militar. Uribe lo intentó durante ocho años, como otros antes que él. Nadie lo logró. Las FARC tuvieron su mejor momento hace más de diez años y quedaron debilitadas por el Plan Colombia.

Los aportes que pretenden mejorar la calidad y resultados del proceso deberían ser bienvenidos. Cuanto más apoyo, mayor legitimidad y posibilidades de éxito. También debería estar claro que el dilema no es entre negociaciones o paz, sino entre negociaciones o más guerra.

Publicado en The Huffington Post.