El Salvador’s gang truce: a lost opportunity?

Violence is escalating again in El Salvador. March 2015 was the most violent month in over a decade, and the government is preparing army and police battalions to fight the gangs. These trends mark the definitive end of a process which started in 2012 with a truce between the two main gangs—MS-13 and Barrio 18—and evolved into a more complex and multidimensional approach to reducing violence, with a degree of international support.

The process was complicated, imperfect and subject to public controversy, but it stands as one of the most significant examples worldwide of an effort to reduce violence through negotiation with criminal groups. With an annual homicide rate of 60 murders per 100,000 inhabitants, El Salvador is one of the most violent countries in the world. It is also a notable example of the trend towards non-conventional, hybrid and criminal violence.

You can read the full article in Sustainable Security and Open Democracy. Thank you!

Nuevo libro: Narcotráfico y crimen organizado ¿Hay alternativas?

Novedad en Icaria Editorial

Narcotráfico y crimen organizado

¿Hay alternativas?

 

Mabel González Bustelo

 

Las drogas ilegales, y las políticas nacionales e internacionales para combatirlas, tienen impactos graves en términos de paz y seguridad. Este libro muestra cómo se ha construido el consenso global para prohibir ciertas drogas y cómo EE UU lleva a cabo su “guerra contra las drogas”, especialmente en América Latina, con un enfoque basado en la militarización que ha generado violencia y violaciones de los derechos humanos.

La fumigación de millones de hectáreas en Colombia y las decenas de miles de muertos en México no han logrado frenar la producción y tráfico de drogas ilegales. El análisis de ambos países muestra un mercado ilegal con una capacidad de adaptación asombrosa. La fragmentación de los antiguos cárteles y la reacción a las presiones externas ha llevado a una reconfiguración de las estructuras y operaciones.

Los grandes capos ya no existen. Quienes dominan hoy el negocio de las drogas son grupos descentralizados y organizados como la red  2.0.

La prohibición convierte a las drogas en un mercado muy lucrativo y, por tanto, permanente, del que obtienen beneficios tanto actores ilegales como legales.

El Norte tiene un papel crucial en este negocio: no solo son sus mercados los que impulsan la producción y el tráfico, sino que aquí se queda la mayor parte de los beneficios. Este libro también analiza algunas propuestas que ahora surgen sobre una nueva política global de drogas.

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AQUÍ PUEDES LEER EL ÍNDICE e INTRODUCCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

 ARTÍCULO en EL HUFFINGTON POST: 

¿Se acabó la ‘burbuja’ de Peña Nieto?

3 de noviembre de 2014

Otros artículos:

Colombia and Mexico: The Wrong Lessons from the War on Drugs

Sustainable Security, 26 June 2014

Drogas ilegales: La guerra interminable

IECAH, 28 de junio de 2013

 

Visita la página del libro en Icaria Editorial si quieres saber más

El dilema de los minerales de conflicto

Post publicado originalmente en el Blog Paz, en Construcción (El País, 9 de mayo de 2014)

¿Contiene tu teléfono móvil, o tu consola, tántalo procedente de minas controladas por actores armados en el este de la RDC? Al comprarlo, ¿estás contribuyendo a financiar la violencia? Y si así fuera, ¿qué puedes hacer –tú y otros- para evitarlo?

La explotación ilegal de minerales valiosos en contextos de conflicto, y el uso de los beneficios para financiar actores armados y sostener la violencia, es un fenómeno reconocido desde hace años.

Los llamados “minerales de conflicto” son parte importante de los debates que, desde instituciones académicas, ONG y medios de comunicación, han analizado la importancia relativa de la codicia y/o los agravios como causas de la violencia y las guerras en el mundo actual. A la vez, tanto la ONU como otros organismos han tratado de abordar esta cuestión mediante medidas en dos grandes vías: por un lado la prevención y regulación y, por otro, medidas coercitivas para recuperar o establecer el control legítimo sobre estos sectores.

EE UU ha ido ahora más lejos. Y la empresa con base en Taiwán Siliconware Precision Industries Ltd (SPIL), fabricante de microprocesadores, se ha convertido en la primera en aplicar la ley de este país que impone medidas de transparencia y control a las compañías que operan con minerales que podrían proceder de zonas de conflicto armado, especialmente la región de los Grandes Lagos y el este de la RDC. Las demás, si no lo hacen antes de forma voluntaria, debe presentar sus informes el 2 de junio.

La norma es la Sección 1502 de la llamada Ley Dodd-Frank, relativa al uso de minerales de conflicto. Las empresas cotizadas deben publicar un informe anual relativo a sus cadenas globales de suministro de minerales, las medidas adoptadas para determinar su origen y, en el caso de que procedan de zonas de guerra en África Central, garantizar que no financian a actores armados; así como una descripción de sus productos manufacturados que pueden contenerlos. Esta información debe recogerse en el informe anual y publicarse en sus páginas web.

El principal valor de esta regulación es que hace avanzar en el concepto de responsabilidad corporativa en zonas de conflicto y establece un precedente importante: la responsabilidad abarca la cadena global de suministro y también los procesos de producción subcontratados a otras entidades. El grado de transparencia tiene como objetivo último que el consumidor pueda ejercer una elección responsable cuando, por ejemplo, cambia de modelo de teléfono móvil.

En el este de la RDC la abundancia de minerales, la ausencia de estado y la proliferación de actores armados han generado una letal combinación de intereses internos y externos. El resultado es una crisis crónica cuyos efectos sufren los civiles en forma de violencia, desplazamiento, epidemias, extorsión y pobreza. El comercio ilegal afecta principalmente al estaño, tungsteno, oro, y coltán y su derivado el tántalo, utilizados en la industria electrónica, metalúrgica y aeroespacial, entre otras.

Mucho antes, los diamantes financiaron las guerras en Angola y Sierra Leona.

Las estrategias internacionales y nacionales adoptadas hasta ahora en la RDC y otros contextos para gestionar los minerales de conflicto han mostrado sus límites. En general se han basado en dos grandes vías de actuación. La primera es coercitiva, y trata de devolver el control al estado mediante el apoyo directo y sanciones o embargos a los grupos no estatales. En el caso de la RDC la misión internacional de paz, MONUSCO, ha dado apoyo a las autoridades para recuperar ese control. La segunda gran vía son las iniciativas de regulación, que pretenden evitar que esos minerales lleguen a los mercados. Este mapa detallado de las zonas mineras del este de la RDC, elaborado por el IPIS, ha servido en ocasiones para detallar la procedencia de los minerales.

Ambos tipos de estrategia han tenido efectos imprevistos muy visibles en la RDC, por ejemplo el apoyo al estado para ampliar su autoridad, a través de la MONUSCO. En ocasiones, allí donde las Fuerzas Armadas (FARDC) toman el control, la economía militarizada de los minerales simplemente cambia de manos, mientras la brutalidad, el beneficio de unos pocos y los sistemas de clientelismo y corrupción continúan.

En cuanto a la Ley Dodd-Frank, algunas empresas han optado por la vía más fácil: dejar de comprar minerales aquí, ante los daños potenciales a su imagen y el coste de adoptar medidas de responsabilidad. Otras, que han decidido continuar pero no están sujetas a la ley estadounidense, han bajado los precios a los productores. La economía local ha sufrido y no ha afectado sólo a los grupos armados sino a miles de pequeños mineros artesanales.

Un reciente artículo en The Washington Post señala que, en la RDC, las acciones internacionales se basan en narrativas simplificadas que a su vez conducen a respuestas fáciles. Para unos, hay que dar más importancia a los conflictos locales relacionados con la tierra, ciudadanía e identidad. Otros cuestionan la importancia de los minerales en la financiación de la violencia, y otros más señalan que los grupos armados recurrirán a otros recursos si el acceso a los minerales se ve afectado.

Todo ello indicaría que existen dinámicas más profundas y complejas: una militarización de la economía, especialmente de los sectores más vulnerables y lucrativos (minería, contrabando, otros comercios ilegales) y un gobierno privatizado sobre recursos clave que se ejecuta por medios violentos. Entre esos recursos está la población que, como señalaba Oxfam, ha sido transformada en otra mercancía de guerra.

¿Quiere esto decir que la solución sería no regular o, en general, no intentarlo? Al contrario. Quizá habría que ir más lejos, y utilizar estas medidas como base para otras más ambiciosas de carácter diplomático, político y de desarrollo. Desde el International Crisis Group se sugiere que Europa puede y debe ir más lejos que EE UU y adoptar un enfoque integral: regulación, pero también iniciativas para el desarrollo de las comunidades mineras, y diálogo político con los países productores y las instituciones multilaterales para abordar en serio la reforma del estado y de las fuerzas de seguridad.

Recursos valiosos como los minerales juegan un papel importante en economías de guerra pero no el único. Se utilizan para financiar luchas por el poder ancladas en dinámicas sociales y políticas. La dicotomía entre codicia y agravios sería una simplificación ya que todos los actores involucrados buscan beneficios pero también poder. La combinación más letal tiene lugar allí donde la abundancia de recursos valiosos y fácilmente explotables se combina con pobreza aguda, en contextos de mal gobierno y proliferación de actores violentos. Más tarde, esa riqueza en minerales y recursos que, en teoría, podría ser vital para la recuperación posconflicto, en muchas ocasiones es un obstáculo ya que el control sobre ellos determina (y dificulta) las alianzas y acuerdos políticos. De nuevo: se trata de recursos y de poder.

Las respuestas, por tanto, deberían darse en ambos planos. Sólo así se evitaría que “extender la autoridad de un estado depredador resulte simplemente en que se reemplaza un grupo de perpetradores (grupos rebeldes congoleños y extranjeros) por otro (autoridades y fuerzas de seguridad del estado)”.

Book Review – The UN and Changing World Politics

“International media headlines regularly cover issues such as international negotiations on climate change; conflict and stabilization missions in Mali, DRC Congo, Afghanistan and Lebanon; nuclear negotiations with Iran or the collective failure to protect Syrian civilians. What all of these events have in common is the complex and sometimes overlooked matrix of actors and relationships evolving behind the scenes to set policies, and the processes through which those policies and responses eventually become norms.”

I have just published a book review of The United Nations and Changing World Politics, Seventh Edition, by Thomas G. Weiss, David P. Forsythe, Roger A. Coate and Kelly-Kate Pease. In this volume, the authors bring to the analysis their scholarly depth and practical experience to explain what the UN is – and what it is not – and how it operates. They also elucidate the systems of incentives and disincentives that facilitate (or hamper) processes and advances, and describe the relations with external actors ranging from states to NGOs and international organizations. It is in this realm of competition and cooperation among actors that world politics is shaped, created and re-created, and the UN is literally and symbolically placed at the centre of these endeavours.

The Book Review has been published by the Global Policy Journal. If you wish to read it complete, check here. And of course, if you are interested in world politics, do not miss the reviewed book.

How to Avoid Another Lampedusa

Policy Recommendations:

In order to avoid another Lampedusa, the EU should:

a) Explore channels for legal migration based on single application procedures and permits and common sets of rights. Cooperation with third countries should include ways to facilitate circular and temporary migration.

b) Ensure a fair and common asylum system including application procedures at any European Consulate in third countries and shared responsibilities among EU members.

c) Allow ship crews to undertake rescue operations without being accused or criminally charged for saving lives.

Analysis:

A shipwreck off the Italian island of Lampedusa, in which nearly 400 African asylum-seekers and migrants lost their lives in the first days of October, put the issue of immigration back on the political agenda. But the response of European institutions and governments once again revealed the split-personality problem that has long characterized European approaches. These are based in a double standard: we need migrant workers and have obligations towards asylum-seekers under International Law, but we do not want them here.

Hypocrisy was patent in the days following the tragedy. In the middle of a huge media uproar, high-level European and Italian authorities mourned the dead, while the survivors were treated according to current Italian Law and formally considered as criminal suspects.

The EU migration policy is plagued with problems. Firstly it is weak, and most real policies are State-level, fragmented and guided by domestic political considerations rather than by a European vision. The issue is politically sensitive and Governments fear losing control, especially in times of economic crisis and rise of populist and extreme right-wing parties and movements. Although the European Commission has at times tried to push for a unified and single approach, self-interest tends to predominate.

Secondly, policies towards migrants, refugees and asylum seekers have fallen under a securitization approach where people are not considered as human beings but part of an external ‘threat’. The responses match those assumptions. The EU has invested millions of Euros in recent years to halt unwanted immigration.

The agency FRONTEX was created in 2004 to tighten surveillance along the Mediterranean borders (making it one of the most closely monitored maritime areas in the world). Its budget has grown from 6.4 million Euros by 2006 to 84.9 million by 2012. A new and tightened surveillance scheme, EUROSUR, will enter into force next December including satellite systems, drones and high resolution cameras, and improved information exchange among member states and with FRONTEX.

The EU’s border security is also managed through agreements and cooperation with third countries, without further consideration for the methods they use to halt people (that sometimes include inhuman and degrading treatment), as denounced by Amnesty International, Mèdecins Sans Frontiéres and the Office of the High Commissioner on Human Rights (UN), among others.

The Dublin II regulation establishes that requests for asylum must be handled by the country where the person first arrives (mostly Eastern and Southern countries), and imposes heavy restrictions on further movement within the European Union.

The Bossi-Fini Law passed in Italy under the last Berlusconi Government provides powers to the Navy to block the entry of migrant boats to Italian territory by stopping them when they are in international waters. Furthermore, the law includes a criminality clause that applies to anyone who helps illegal migrants to enter the country. It even criminalizes the fishermen or crew of commercial boats who seek to help migrant vessels in dangerous situations, including prosecution and confiscation of boats. Many of them are now too afraid to help.

After Lampedusa, the EU authorities called for extra resources to launch a Mediterranean-wide ‘search and rescue’ operation, under the leadership of FRONTEX. No clarification was provided as to what to do with the people saved afterwards and no additional guarantees have been approved, as denounced by the OHCHR.

Current European approaches fail to address the real issue: why migrants and asylum seekers want to reach Europe. They flee war and violence, human rights violations, lack of freedom, poverty and inequality. Dramas and tragedies will happen again until that point is understood. Closing the borders only makes routes more dangerous and difficult, and put the life of people in the hands of organized illegal groups that raise huge profits by handling this human flow.

The situation warrants the question: Do fences, drones and militarized approaches make us safer, when at the same time they provide incentives and benefits to organized groups and make them stronger?

Europe needs a reassessment of migration and asylum policies based on an analysis and understanding of current demographic, political and economic trends, and on recognition of obligations under International Refugee Law and International Human Rights Law and standards, including the Law of the Sea where relevant.

A new holistic and balanced policy should include the opening of channels for legal migration. Both EU Home Affairs Commissioner Cecilia Malmstrom and the president of the European Parliament Martin Schulz have agreed. This would entail opening a debate about those channels that may include open and transparent procedures for nationals of third countries and the availability of information on employment-related migration opportunities. A single application procedure and a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State, with a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State (including refugees and asylum seekers and with the same level of protection as national workers) could form the basis of that policy.

There is a need for a strengthened search and rescue capacity at sea in the Mediterranean, coupled with fair treatment for shipmasters undertaking search and rescue operations (they should not be accused or confronted with criminal charges). Safe places should be established as well as reception facilities to access assistance and care.

People seeking international protection should be able to apply in their countries of origin or in a third country, in the consulate of any EU member State, to be issued a visa without need to risk their lives crossing the Mediterranean. The new asylum system should ensure equal and fair treatment in the whole EU territory, with the management of an administrative European authority and appeals guaranteed by an independent jurisdiction. The system would work under the principle of responsibility sharing and support by an EU Compensation Fund provided to member states. Full compliance with international Law and standards should be the basis of the system.

Cooperation with third countries of origin and transit should include: ways to facilitate circular and temporary migration; institution-building to better deal with migrants and asylum seekers with due respect to human rights norms; and capacity-building to deal with human smuggling networks (without criminalizing migrants).

European institutions have sometimes been criticized for their detachment from state constituencies. But with regards to migration and asylum, that distance could be the critical element needed to push for a new approach: based in a wide recognition of the actual and potential role of Europe in a changing world and firmly based in the very principles that lay at the foundation of the European Union.

That would be the most meaningful way to honor the victims of Lampedusa.

Cross-posted from The Knotted Gun, the new blog of e-International Relations.