Mañana debatimos la guerra contra las drogas

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Mañana participo en un debate organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y La Casa Encendida. El tema, el balance de la guerra contra las drogas y las nuevas perspectivas que se están planteando para su regulación.

Estarán también José Soeiro, sociólogo portugués y dirigente del Bloco de Esquerda, y Jordi Cebrián, periodista y escritor de la revista Cáñamo.

Todos los datos los podéis encontrar aquí.

Como avance, adjunto un enlace a una entrevista que he hecho con la radio de La Casa Encendida. Espero que os guste. 

¿Sirve de algo llamarles terroristas?

EE UU ha incluido al grupo islamista nigeriano Boko Haram en su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO). Esta iniciativa se aplica a grupos que usan tácticas terroristas y son percibidos como una amenaza a la seguridad estadounidense.

A partir de ese momento, diferentes agencias pueden bloquear las transacciones financieras e intercambios con este grupo, y cualquier tipo de asistencia viola la ley. EE UU ya comenzó a tomar medidas contra este grupo en 2012, cuando incluyó a varios de sus líderes en la lista de Specially Designated Global Terrorists.

Boko Haram nació en 2002 como una iniciativa opuesta a la educación de estilo occidental en el norte de Nigeria. Sus apoyos fueron creciendo y en 2009 lanzó una serie de operaciones terroristas y militares con el objetivo de crear un estado islámico. Sus objetivos han sido civiles y militares, incluyendo escuelas, y se han enfrentado abiertamente con las fuerzas armadas. Después de esto, Boko Haram fue objeto de una durísima represión. El gobierno de Nigeria lo designó como amenaza a la seguridad y en junio de 2013 fue calificado de terrorista. También se declaró el estado de emergencia en las regiones del noreste (donde tiene sus bases).

Pese a todo sus operaciones continuaron e incluso escalaron, y han contribuido a un aumento de las tensiones entre poblaciones cristianas y musulmanas. Sus ataques han sido cada vez más sofisticados. Cuando el actual presidente nigeriano Goodluck Jonathan tomó posesión en 2011, Boko Haram provocó numerosas explosiones y atacó el cuartel general de la policía y la sede de la ONU en Abuja. El grupo ha usado técnicas como los ataques suicidas, inéditos en este país. Desde la Corte Penal Internacional han comenzado a investigar sus acciones como posibles crímenes contra la humanidad.

Con la pregunta que titula este texto no cuestiono si Boko Haram es una organización terrorista. Está claro que ha cometido graves actos de terror indiscriminados contra la población y contra el gobierno de Nigeria. Lo que me pregunto es si esta designación aporta algo positivo para abordar el problema de la violencia en Nigeria, incluyendo la de Boko Haram y otros actores armados, en un país altamente dividido.

En este caso concreto hay un primer riesgo claro. Si la inclusión en la lista no va acompañada de un mensaje al gobierno de Nigeria, éste puede interpretarla como un respaldo a sus tácticas anti-terroristas. Y éstas incluyen violaciones masivas de los derechos humanos que tampoco deberían ser toleradas. Amnistía Internacional documentó casi 1.000 muertes violentas en las cárceles, muchas de ellas de personas sospechosas de simpatizar con Boko Haram. Human Rights Watch ha documentado la violencia de Boko Haram y la del gobierno y afirma que ambas pueden constituir crímenes contra la humanidad.

Si no se abordan las raíces y manifestaciones (y responsabilidades) de la violencia por todas las partes, se corre el riesgo de polarizar aún más la situación, y de que haya más violencia como consecuencia.

De un modo más general, un buen número de actores y organizaciones involucrados en diferentes niveles de la construcción de la paz han señalado los riesgos de las listas de organizaciones terroristas (que no sólo tiene EE UU, sino también la ONU, la UE, o el Reino Unido, entre otros). Un ejemplo es este informe del United States Institute of Peace, o éste de Conciliation Resources y Berghof Peace Support. Prácticamente todos los grupos armados envueltos en conflictos actualmente forman parte de alguna de ellas.

Incluir a un grupo en una lista de organizaciones terroristas tiene varios efectos. Por un lado puede limitar sus actividades (por ejemplo, de captación de fondos), sus movimientos o sus vínculos con otros grupos. Por el otro, los esfuerzos regionales o internacionales de mediación para poner fin a un conflicto afrontan mayores dificultades o son paralizados. En ciertos casos, reunirse con un representante de esos grupos puede ser delito. Actores no gubernamentales, pero también gobiernos, activos en mediación y resolución de conflictos, ven así sus manos atadas.

Otro problema es que los actores internacionales no son siempre coherentes al aplicar sus criterios, mantienen diferencias entre sí, y no han establecido canales o vías claras para salir de la lista una vez que se está dentro. En varios casos, la definición de actividades terroristas es tan amplia que podría afectar a derechos como el de reunión, asociación y manifestación. Otro efecto de la inclusión en las listas es la potencial radicalización del grupo y de los sectores que lo apoyan. Esto puede agravar la violencia y dificultar cualquier intento de lograr la paz en el futuro.

En la actualidad, la mayor esperanza de poner fin a conflictos como el de Siria, el de Colombia, o el del programa nuclear iraní, recae en procesos de negociación multilateral. Si se reconoce la necesidad de diálogo y negociación en estos casos, resulta difícil de entender que se cierre absolutamente la puerta en otros.

¿Hacia una nueva política de drogas en EE UU?

Esta semana se han producido dos eventos importantes, que podrían señalar el inicio de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas dentro de EE UU.

El pasado lunes, una jueza de Nueva York sentenció que la política del Departamento de Policía, de parar y registrar indiscriminadamente a personas en la calle en busca de drogas, viola la Constitución del país ya que afecta de forma desproporcionada a poblaciones negras e hispanas. La táctica, asegura, se ha usado 4,4 millones de veces entre 2004 y 2012 y, en el 80% de los casos, las personas registradas eran hispanos y negros.

Afirma la jueza Scheindlin que «los más altos oficiales de la ciudad han cerrado los ojos a la evidencia de que la policía utiliza esta política de una forma discriminatoria en términos raciales». Su sentencia confirma que para los delitos de drogas menos graves y no violentos, relacionados sobre todo con la marihuana, la polítia tiene un sesgo racial y afecta de forma indiscriminada a las minorías.

Por otra parte, el fiscal general Eric Holder ha anunciado el final de las penas de prisión obligatorias a nivel federal para delitos de drogas no violentos y de pequeña escala. Estas penas mínimas obligatorias afectan especialmente a la posesión de marihuana y contribuyen a cargar aún más un sistema de prisiones ya desbordado. 

El FBI reconoce que, en 2011, se produjo un arresto relacionado con la marihuana cada 42 segundos en el país, con 750.000 arrestos en total. Al año siguiente la cifra bajó a la mitad, pero sigue siendo muy superior a otras relacionadas con cocaína y otras drogas.

Eric Holder anunció la nueva política en un encuentro de la Asociación de Abogados en San Francisco, señalando que la cárcel «debería usarse para rehabilitar, y no sólo para castigar, almacenar y olvidar». También señaló que las penas mínimas obligatorias le costó al gobierno 80.000 millones de dólares solamente en 2010.  

Aunque ambas iniciativas son moderadas y no cambios radicales (y ya han sido criticadas por insuficientes), podrían dar como resultado una bajada en las tasas de población carcelaria y sentencias menores para delitos leves.

Ya he hablado antes en este blog de la guerra contra las drogas. Sin embargo, sólo se abordaron algunas dimensiones internacionales de la «guerra», y no la forma en que se libra dentro del territorio estadounidense. El enfoque de mano dura es también verdad aquí. Una política basada en un enfoque muy duro de aplicación de la ley ha dado como resultado la tasa de población encarcelada más alta del mundo, mucha de ella por delitos no graves relacionados con drogas, y especialmente cuando se trata de minorías raciales. Las políticas de prevención del consumo a través de la educación, y de salud pública, han recibido mucha menos atención y recursos.

La Administración Obama anunció, ya en 2009, un nuevo enfoque en la política antidrogas. La intención era buena, aunque los cambios no han sido ambiciosos, especialmente en el ámbito internacional. Estas iniciativas significan un cambio, sea o no suficiente. Veamos cuáles son los resultados.

Rethinking drug policy in the US?

Two events this week may signal the beginning of a new approach in the fight against illegal drugs in the US.

Last Monday, a judge in New York ruled that the Police Department policy of stop-and-frisk violates the Constitution by disproportionately targeting black and Hispanic people. The tactic has been used 4.4 million times between 2004 and 2012, and 80% of the cases affected black or Hispanic suspects.

Judge Scheindlin wrote: ”The city’s highest officials have turned a blind eye to the evidence that officers are conducting stops in a racially discriminatory manner.” Her ruling confirms that, for low level and non violent drug offences, mainly related with marijuana, there is a racial bias so that this policy disproportionately affects minorities.

On the other hand, the Attorney General Eric Holder announced the end of mandatory federal prison sentences for low-level and non-violent drug crimes. Mandatory minimum sentences for drug-related crimes –marijuana possession in particular– contribute disproportionately to the country’s overcrowded prison system.

The FBI recognizes that a marijuana related arrest happened every 42 seconds in the US by 2011, with 750.000 arrests total.The number decreased to a half the following year, but is still much higher than arrests for other drugs.

Eric Holder made the announcement at the American Bar Association’s meeting in San Francisco. Incarceration should be used to “punish deter and rehabilitate, not merely to convict, warehouse and forget,” Holder said in unveiling the new policy shift.  He said mandatory minimum sentencing has cost the government $80 billion in 2010 alone.

Although moderate in scope (with critics saying that this is not enough), both initiatives may result in less incarceration rates and lower sentences for low-level drug offenders.

I have talked about the war on drugs before in this blog. However previous posts engaged in the international dimensions of the ‘war’ while not touching the war as it is waged within the US. It is no surprise: the hardline approach is also true in US territory. A strong focus on Law enforcement has created the highest incarceration rates in the world, with many people jailed for even low-level drug offences, specially when it comes to minorities like black and Hispanic people. Policies of prevention of drug consumption trough education and health approaches have received far less attention and scarce resources. 

The Obama Administration announced, as early as 2009, a new approach towards illicit drugs. The intention was good, although results have fallen short. The issues mentioned here mark a departure, if limited. Let’s see the results.