¿Hacia una nueva política de drogas en EE UU?

Esta semana se han producido dos eventos importantes, que podrían señalar el inicio de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas dentro de EE UU.

El pasado lunes, una jueza de Nueva York sentenció que la política del Departamento de Policía, de parar y registrar indiscriminadamente a personas en la calle en busca de drogas, viola la Constitución del país ya que afecta de forma desproporcionada a poblaciones negras e hispanas. La táctica, asegura, se ha usado 4,4 millones de veces entre 2004 y 2012 y, en el 80% de los casos, las personas registradas eran hispanos y negros.

Afirma la jueza Scheindlin que “los más altos oficiales de la ciudad han cerrado los ojos a la evidencia de que la policía utiliza esta política de una forma discriminatoria en términos raciales”. Su sentencia confirma que para los delitos de drogas menos graves y no violentos, relacionados sobre todo con la marihuana, la polítia tiene un sesgo racial y afecta de forma indiscriminada a las minorías.

Por otra parte, el fiscal general Eric Holder ha anunciado el final de las penas de prisión obligatorias a nivel federal para delitos de drogas no violentos y de pequeña escala. Estas penas mínimas obligatorias afectan especialmente a la posesión de marihuana y contribuyen a cargar aún más un sistema de prisiones ya desbordado. 

El FBI reconoce que, en 2011, se produjo un arresto relacionado con la marihuana cada 42 segundos en el país, con 750.000 arrestos en total. Al año siguiente la cifra bajó a la mitad, pero sigue siendo muy superior a otras relacionadas con cocaína y otras drogas.

Eric Holder anunció la nueva política en un encuentro de la Asociación de Abogados en San Francisco, señalando que la cárcel “debería usarse para rehabilitar, y no sólo para castigar, almacenar y olvidar”. También señaló que las penas mínimas obligatorias le costó al gobierno 80.000 millones de dólares solamente en 2010.  

Aunque ambas iniciativas son moderadas y no cambios radicales (y ya han sido criticadas por insuficientes), podrían dar como resultado una bajada en las tasas de población carcelaria y sentencias menores para delitos leves.

Ya he hablado antes en este blog de la guerra contra las drogas. Sin embargo, sólo se abordaron algunas dimensiones internacionales de la “guerra”, y no la forma en que se libra dentro del territorio estadounidense. El enfoque de mano dura es también verdad aquí. Una política basada en un enfoque muy duro de aplicación de la ley ha dado como resultado la tasa de población encarcelada más alta del mundo, mucha de ella por delitos no graves relacionados con drogas, y especialmente cuando se trata de minorías raciales. Las políticas de prevención del consumo a través de la educación, y de salud pública, han recibido mucha menos atención y recursos.

La Administración Obama anunció, ya en 2009, un nuevo enfoque en la política antidrogas. La intención era buena, aunque los cambios no han sido ambiciosos, especialmente en el ámbito internacional. Estas iniciativas significan un cambio, sea o no suficiente. Veamos cuáles son los resultados.

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Rethinking drug policy in the US?

Two events this week may signal the beginning of a new approach in the fight against illegal drugs in the US.

Last Monday, a judge in New York ruled that the Police Department policy of stop-and-frisk violates the Constitution by disproportionately targeting black and Hispanic people. The tactic has been used 4.4 million times between 2004 and 2012, and 80% of the cases affected black or Hispanic suspects.

Judge Scheindlin wrote: ”The city’s highest officials have turned a blind eye to the evidence that officers are conducting stops in a racially discriminatory manner.” Her ruling confirms that, for low level and non violent drug offences, mainly related with marijuana, there is a racial bias so that this policy disproportionately affects minorities.

On the other hand, the Attorney General Eric Holder announced the end of mandatory federal prison sentences for low-level and non-violent drug crimes. Mandatory minimum sentences for drug-related crimes –marijuana possession in particular– contribute disproportionately to the country’s overcrowded prison system.

The FBI recognizes that a marijuana related arrest happened every 42 seconds in the US by 2011, with 750.000 arrests total.The number decreased to a half the following year, but is still much higher than arrests for other drugs.

Eric Holder made the announcement at the American Bar Association’s meeting in San Francisco. Incarceration should be used to “punish deter and rehabilitate, not merely to convict, warehouse and forget,” Holder said in unveiling the new policy shift.  He said mandatory minimum sentencing has cost the government $80 billion in 2010 alone.

Although moderate in scope (with critics saying that this is not enough), both initiatives may result in less incarceration rates and lower sentences for low-level drug offenders.

I have talked about the war on drugs before in this blog. However previous posts engaged in the international dimensions of the ‘war’ while not touching the war as it is waged within the US. It is no surprise: the hardline approach is also true in US territory. A strong focus on Law enforcement has created the highest incarceration rates in the world, with many people jailed for even low-level drug offences, specially when it comes to minorities like black and Hispanic people. Policies of prevention of drug consumption trough education and health approaches have received far less attention and scarce resources. 

The Obama Administration announced, as early as 2009, a new approach towards illicit drugs. The intention was good, although results have fallen short. The issues mentioned here mark a departure, if limited. Let’s see the results.