¿Dos meses para la paz en Colombia?

 

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una misión política que verificará la implementación de un acuerdo de paz en Colombia. Quedan menos de dos meses para que se cumpla el plazo que se dieron las partes para lograr un acuerdo (el 23 de marzo), y las últimas noticias indican que estamos ante un proceso sin retorno. Colombia podría alcanzar la paz después de 50 años de conflicto. Es un buen momento para recapitular.

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Colombia: ¿a tres meses de la paz?

 

El pasado mes de septiembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, anunciaron la firma del acuerdo final de paz para el 23 de marzo del año próximo. Cuando faltan tres meses para que concluya el plazo dado para firmar la paz entre las FARC y Bogotá, la guerrilla ha dicho que en marzo de 2016 no se firmará la paz.

A pesar de este hecho, se siguen dando pasos hacia adelante. Uno de los más importantes ha sido el acuerdo sobre víctimas del conflicto armado que según ha declarado el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, va a facilitar el fin del enfrentamiento con la guerrilla. Además ha dicho que con este pacto se ha solucionado el tema más complicado de la agenda de paz.

Abordamos el proceso de paz y sus perspectivas en Enfoque, Hispan TV.

Invitados:
Luis Esteban G. Manrique, analista internacional y periodista de Infolatam
Mabel González Bustelo, periodista, fellow de la Global South Unit for Mediation (GSUM)
Olgher Santodomingo, presidente del Comité de Defensa de DDHH de Colombia
Rodrigo Villamizar, ex ministro y ex diplomático colombiano

Colombia: Espionaje al proceso de paz

Según una investigación de la revista Semana, una unidad secreta de las ramas de inteligencia del ejército ha estado espiando de forma ilegal las comunicaciones entre los negociadores del proceso de paz en La Habana. La vigilancia es más amplia pero incluye al jefe del equipo negociador del gobierno, al Alto Comisionado de Paz y en suma, a la representación gubernamental. El presidente Santos ha reaccionado con dureza, anunciando una investigación y destituyendo a dos generales.

Surgen muchas preguntas. ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién recibió la información y con qué propósitos? Hay dos sospechosos “habituales”: sectores del ejército y/o sectores del llamado “establecimiento”. La investigación lo dirá, pero queda por ver si es un ejemplo más de la autonomía con la que operan sectores uniformados y su escaso respeto al poder civil, o un intento de boicotear el proceso de paz.

Ayer abordamos todos estos temas en el programa Enfoque, de Hispan TV. El programa se puede ver completo aquí.

 

Conversaciones de paz en La Habana

El gobierno colombiano y las FARC han retomado las negociaciones que mantienen en La Habana para poner fin a la guerra que vive Colombia. El proceso comenzó en noviembre del año pasado y las dificultades no han faltado. En el último episodio, las FARC amenazaron con hacer públicos aspectos confidenciales de la negociación y el gobierno con la ruptura si esto llegaba a darse.

Toda negociación de paz es difícil por los temas que están en debate y por los diferentes tiempos políticos que suelen manejar los interlocutores.

En el caso de Colombia la guerra dura ya décadas. Han participado múltiples y diversos actores armados incluyendo a un estado que no siempre se ha ceñido al estado de derecho y el Derecho Internacional Humanitario. Es una guerra sucia con masacres, asesinatos selectivos, secuestros, desplazamiento forzado y apropiación indebida de bienes como la tierra. El 80% de las víctimas son civiles.

La tierra fue el origen del conflicto y lo sigue atravesando en todas sus dimensiones. El modelo rural se basa en grandes propiedades de ganadería extensiva o de monocultivos de exportación y hay millones de campesinos sin tierra. Durante décadas, el desplazamiento forzado y la apropiación de las tierras de los desplazados han sumado una contra-reforma agraria a ese sistema ya desigual.

Después llegó el narcotráfico. La nueva economía ilegal no sólo permitió enriquecer a los cárteles y financiar a los grupos armados sino que permeó la economía y benefició a las elites. El flujo incesante de fondos permitió alimentar y sostener la violencia y la guerra escaló como consecuencia.

Resolver esos temas no será fácil y la negociación tiene además otros problemas. El primero, los tiempos políticos. El gobierno esperaba un proceso más rápido, y el presidente Juan Manuel Santos afronta elecciones el año próximo con índices de popularidad decrecientes y fuerte oposición de sectores influyentes cercanos al ex presidente Álvaro Uribe. Las FARC temen los tiempos por otra razón: las garantías de futuro del proceso si este gobierno no sigue.

En segundo, el concepto de democracia y representación política: basada en los partidos, como actualmente, o como demandan las FARC con inclusión de movimientos sociales. En tercero, qué equilibrio de verdad, justicia y reparación se va a conseguir en Colombia. La guerra ha durado tanto que las víctimas son incontables. Hay crímenes (de guerra y contra la humanidad) incluidos en el Estatuto de Roma de la  CPI, cuya fiscal está en contacto con el gobierno colombiano. Está también el precedente de la desmovilización paramilitar, conseguida con penas y pagos mínimos por los daños cometidos.

El ‘establecimiento’ (la elite) no parece aceptar nada que no sea la destrucción de las FARC. Este grupo reclama garantías para abordar una vía política (que no termine en masacre, como la Unión Patriótica en los años ochenta y noventa). En el horizonte estaría la convocatoria de una Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos y sentar las bases del futuro sistema político. El problema de fondo es que las FARC quieren unas negociaciones de igual a igual, mientras el gobierno negocia un sometimiento a la justicia con beneficios políticos.

Las drogas y el narcotráfico serán otro obstáculo. Colombia ha aplicado con gran dureza las políticas estadounidenses de guerra contra las drogas. Ha militarizado el campo y fumigado millones de hectáreas sin lograr el fin de un negocio que siempre logra adaptarse.  Este es un tema político importante en Washington y cualquier acuerdo definitivo o temporal requerirá de EE UU apoyo o, al menos, mantenerse al margen.

Hay acuerdo en el primer punto de la agenda que es a la vez el más difícil: la tierra. La fórmula permitiría repartir entre los campesinos tierras improductivas y baldías e incautadas al narcotráfico. Una ruta que permite “entrarle” al problema sin enfrentarse abiertamente a ganaderos,  terratenientes y elites rurales. Si es posible el acuerdo sobre la tierra, deberían serlo los demás.

Las voces críticas son muchas y diversas. Sectores de la sociedad civil demandan más participación y canales para hacer llegar sus demandas a la mesa de diálogo. Las víctimas exigen justicia, la verdad sobre el daño causado y reparación. Elites económicas y políticas (especialmente las rurales) se oponen al proceso y a cualquier intento de cambiar el statu quo.

Todas las partes saben a estas alturas que ninguna puede ganar por la vía militar. Uribe lo intentó durante ocho años, como otros antes que él. Nadie lo logró. Las FARC tuvieron su mejor momento hace más de diez años y quedaron debilitadas por el Plan Colombia.

Los aportes que pretenden mejorar la calidad y resultados del proceso deberían ser bienvenidos. Cuanto más apoyo, mayor legitimidad y posibilidades de éxito. También debería estar claro que el dilema no es entre negociaciones o paz, sino entre negociaciones o más guerra.

Publicado en The Huffington Post.

Peace Talks in Havana

The Colombian Government and the FARC have resumed in Havana their peace talks aimed to put an end to war in Colombia. The peace process started November 2012 and has not been without problems. In the last episode, the FARC threatened to make public some confidential contents of the talks and the Government with a total breakup if that possibility materialized.

Every peace negotiation is difficult, for reasons that range from the substantive issues in the agenda and the different positions of stakeholders to more ‘mundane’ motives like different political times.

The war in Colombia has lasted for decades. Multiple and diverse armed groups have taken part in it, including a State that has not always behave according to the rule of Law and International Humanitarian Law. It is a dirty war that has included massacres, targeted killings, kidnapping for ransom, use of landmines, forced displacement of population and illegal appropriation of property, mainly land. A recent report has estimated that 80 per cent of the victims have been civilians.

Problems associated with the property and use of land were the origin of this conflict and still permeate many of its dimensions. The rural and agricultural model is based in huge land properties devoted to extensive cattle and agriculture for exportation. There are millions of farmers without access to land or no property rights over they lands where they live. The forced displacement of civilians and the appropriation of the abandoned territories have culminated an agrarian counter-reform which has only added to an already unequal system.

Drugs and narco-trafficking appeared at a later stage. The new illegal economy found fertile ground in remote and isolated areas with little or no State presence and vulnerable people. It enriched the cartels and trafficking groups and allowed the armed actors to fund the war. Even more, it permeated the legal economy and businesses and also benefited sectors of the elite. That never-ending influx of money sustained and funded violence by all parties and the war escalated as a result.

Those are difficult and substantive issues with no easy solution. But negotiation faces other obstacles. A short-term issue is the management of political times. The Government started conversations having in mind a more expedite process, and the president Juan Manuel Santos faces elections next year amidst declining popularity rates. He has also encountered fierce opposition of some powerful sectors, notably those behind the former president Alvaro Uribe. The FARC fear time for other reasons: what guarantees do exist about the future of the process if this Government is not re-elected?

Second, the parties are negotiating what concept of democracy and political representation will define the future of Colombia: based in political parties, as happens today, or with a wider concept that allow for the participation of social movements (as the FARC demand).

Third, what balance will Colombia get in terms of truth, justice and reparation for victims? The war has been so long that the number of victims is staggering. Parties have committed war crimes and crimes against humanity, as defined in the Rome Statute of the ICC. Last summer, the chief prosecutor contacted the Colombian Government to clarify issues of international justice and jurisdiction. There are negative precedents in this regard. The last one, the demobilization of paramilitary groups in 2006, in which they managed to get minimum penalties and short-sighted reparation provisions.

Sectors of the Colombian establishment (especially at the rural level) appear to demand no less than an absolute FARC surrender. This group claims for guarantees to join the political system (without facing another massacre like that of the Patriotic Union in the 80s and 90s). A possibility which is on the table is the call for a Constitutional Assembly to uphold the agreements and define the future of the political system.

Illegal drugs and narco-trafficking will be another huge obstacle. Colombia has applied the US drug war policies in their hardest versions. It has militarized the countryside and sprayed millions of hectares of land, without putting an end to a business that has always manage to react and adapt. This issue is politically sensitive in Washington DC and any agreement, be it temporal or definitive, will need support of at least non-interference by the US.

The good news: there is agreement on the first item of the agenda -land- which is also the most difficult. The agreed formula consists in the delivery of property rights among peasants, for actually non-productive and / or abandoned land (and properties decommissioned to cartels and kingpins). If an agreement over land has been possible, the others should be easier.

The voices critical with the process are many and wide-ranging. Civil society sectors claim for more participation and for channels to canalize their demands to the dialogue table. The victims demand justice, truth and reparation for the violations committed. Economic and political elites, especially in the countryside, are extremely reluctant to any attempt to change the status quo.

Nowadays all parties in this conflict are aware of one key fact: none of them has real options to win by military means. Uribe tried hard for 8 years as other Governments had done before. And nobody managed. The FARC had their best military and strategic options more than 10 years ago, but were severely weakened by Plan Colombia.

All the support and the contributions aimed at improving the quality and results of the process should be welcomed. The more the support, the greater the legitimacy and the possibilities of success. But it should also be clear that the dilemma is not between negotiations or peace, but between negotiations and more war.

Originally published in Spanish in The Huffington Post.