Nuevo libro: Narcotráfico y crimen organizado ¿Hay alternativas?

Novedad en Icaria Editorial

Narcotráfico y crimen organizado

¿Hay alternativas?

 

Mabel González Bustelo

 

Las drogas ilegales, y las políticas nacionales e internacionales para combatirlas, tienen impactos graves en términos de paz y seguridad. Este libro muestra cómo se ha construido el consenso global para prohibir ciertas drogas y cómo EE UU lleva a cabo su “guerra contra las drogas”, especialmente en América Latina, con un enfoque basado en la militarización que ha generado violencia y violaciones de los derechos humanos.

La fumigación de millones de hectáreas en Colombia y las decenas de miles de muertos en México no han logrado frenar la producción y tráfico de drogas ilegales. El análisis de ambos países muestra un mercado ilegal con una capacidad de adaptación asombrosa. La fragmentación de los antiguos cárteles y la reacción a las presiones externas ha llevado a una reconfiguración de las estructuras y operaciones.

Los grandes capos ya no existen. Quienes dominan hoy el negocio de las drogas son grupos descentralizados y organizados como la red  2.0.

La prohibición convierte a las drogas en un mercado muy lucrativo y, por tanto, permanente, del que obtienen beneficios tanto actores ilegales como legales.

El Norte tiene un papel crucial en este negocio: no solo son sus mercados los que impulsan la producción y el tráfico, sino que aquí se queda la mayor parte de los beneficios. Este libro también analiza algunas propuestas que ahora surgen sobre una nueva política global de drogas.

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AQUÍ PUEDES LEER EL ÍNDICE e INTRODUCCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

 ARTÍCULO en EL HUFFINGTON POST: 

¿Se acabó la ‘burbuja’ de Peña Nieto?

3 de noviembre de 2014

Otros artículos:

Colombia and Mexico: The Wrong Lessons from the War on Drugs

Sustainable Security, 26 June 2014

Drogas ilegales: La guerra interminable

IECAH, 28 de junio de 2013

 

Visita la página del libro en Icaria Editorial si quieres saber más

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México necesita algo más que promesas

A un año de que Enrique Peña Nieto se convirtiera en presidente de México, la violencia y la inseguridad siguen siendo gravísimas en este país. Los cambios prometidos en la estrategia de seguridad y los nuevos enfoques para luchar contra el crimen organizado, han sido poco más que retórica y sus resultados muy limitados. La guerra contra las drogas continúa, entre abusos generalizados de los derechos humanos y pocas responsabilidades; la reforma del sector de seguridad está estancada, y han surgido nuevos grupos armados en áreas donde el Estado es débil o está ausente. México necesitará más que promesas para cambiar de rumbo.

El Pacto por México, una de las primeras medidas, fue un acuerdo entre los tres principales partidos con importantes objetivos en seguridad. Se habló de mejor coordinación entre las policías locales, estatales y federal y de un sistema para depurar la corrupción. El Pacto preveía la creación de una Gendarmería y medidas y recursos para mejorar el sistema judicial. En este marco de construcción de instituciones, también se anunció un plan de prevención de la violencia dotado con 9.000 millones de dólares y centrado en la educación, la reducción de la pobreza y el desarrollo comunitario.

Pero las estrategias no han cambiado mucho. El Ejército sigue desempeñando un papel clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y las violaciones de los derechos humanos continúan. La Gendarmería ha quedado reducida a una fuerza especial civil dentro de la Policía Federal y no estará operativa al menos hasta mediados del próximo año. El Código de Justicia Militar, relacionado con rendir cuentas ante tribunales civiles por abusos de los derechos humanos, está empantanado en el Senado y no hay certezas sobre su contenido final. El pasado octubre, el Consejo de Seguridad Pública aprobó extender por un año (más) el plazo para depurar la corrupción en las fuerzas policiales.

También hubo pasos prometedores con respecto a las responsabilidades de la violencia. Se aprobó una Ley de Víctimas que preveía justicia y reparación. Se reconoció la gravedad del crimen de las desapariciones y se puso en marcha una unidad de investigación para abordarlo. Sin embargo, hasta octubre no se ha creado la Comisión para la Atención a las Víctimas y no está claro cuándo tendrá recursos. Tampoco hay información sobre cómo marchan los trabajos para mejorar la base de datos de casos registrados de personas desaparecidas.

Es preciso reconocer que la doble tarea que afronta México, mejorar la seguridad ciudadana y reformar los cuerpos de seguridad, no es sencilla. La guerra contra las drogas y los niveles de violencia se multiplicaron en el mandato de Felipe Calderón. La corrupción y la falta de coordinación entre diferentes cuerpos policiales se resolvieron utilizando al Ejército para luchar contra los cárteles. Miles de soldados fueron desplegados. Pero lo que resultó fue una guerra frontal contra los cárteles de la droga, y guerras entre ellos y dentro de ellos. Alrededor de 70.000 personas murieron y 25.000 desaparecieron en medio de la violencia.

El mercado ilegal de las drogas sobrevivió. Algunos grupos del narco se hicieron más fuertes mientras otros se fragmentaban, el mercado se volvió más descentralizado y la violencia se extendió. A la vez, cada vez abarcaron más actividades delictivas y rentables, como el tráfico de seres humanos (migrantes), la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas, etc. Los principales grupos están armados al estilo militar, tienen importantes aliados internacionales y han extendido su presencia a otros países centroamericanos.

Bajo el Gobierno de Peña Nieto, las tasas de homicidios han bajado muy poco, mientras el secuestro y la extorsión se han disparado. La violencia continúa, y la variedad de grupos armados ilegales supone un reto para la autoridad del estado y el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

Un fenómeno reciente y en expansión ilustra los límites del poder estatal y del imperio de la ley. En varios estados han nacido grupos de autodefensa formados por civiles armados que pretenden defenderse. El epicentro del fenómeno está en Michoacán y Guerrero, donde miles de hombres armados forman parte de alguna de estas organizaciones. En octubre, se enviaron 1.000 soldados a Michoacán ante los choques entre los grupos de autodefensa y los Caballeros Templarios (una escisión de La Familia Michoacana).

En este estado hay sectores económicos pujantes, como la agricultura para producir limón y aguacates y la ganadería. Sus dueños han sido mucho tiempo sometidos a la extorsión y el secuestro, igual que cualquier pequeño negocio y cualquier ciudadano. Ahora las autodefensas han tomado 54 municipios, donde toman el control y desalojan a las policías locales (a las que acusan en muchos casos de vínculos con el crimen organizado).

La respuesta ciudadana es comprensible dadas las circunstancias, pero la expansión de las autodefensas añade una nueva dimensión a la ya compleja escena de la violencia. De acuerdo a algunos analistas, podría ser la antesala de un nuevo conflicto, éste ya de carácter político-militar. Los territorios controlados por estos grupos están, desde luego, más allá de la autoridad del estado. El Gobierno ha intentado a la vez dialogar con ellos y deslegitimarlos. Algunas fuerzas políticas han propuesto un marco jurídico que les permita funcionar mientras delimita sus derechos, obligaciones y responsabilidades.

Sean cuales sean las respuestas a corto plazo, permitir que operen los grupos de autodefensa tiene riesgos. Algunos de ellos nacen de las mejores intenciones, mientras otros pueden ser vulnerables a la infiltración por intereses menos claros. Y la línea que separa las autodefensas del paramilitarismo puede ser realmente tenue, como muestra la historia de Colombia. A mayor número de grupos armados no estatales operando, más posibilidades de que la violencia escale fuera de control.

Afrontar los problemas con estrategias que ya han fallado no es una opción que México pueda permitirse. Tampoco, experimentar con soluciones bienintencionadas que pueden dar resultado de corto plazo pero tienen muy pocas garantías a medio y largo plazo. No hay alternativa a construir instituciones eficientes, responsables y transparentes. El Gobierno necesita una estrategia coherente para lidiar con los grupos de autodefensas y con el crimen organizado, y sobre todo, necesita proporcionar seguridad y aplicar la ley. Este reto es inmenso y de largo plazo, y requiere muchos recursos y altos grados de voluntad política. Es urgente la reforma de las fuerzas de seguridad, especialmente las policías; dotar de mejores recursos y más capacidad al sistema de justicia, y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. El Gobierno mexicano tiene también, dada su experiencia, una posición óptima para jugar un papel importante e incluso de liderazgo en los actuales debates internacionales sobre las políticas de drogas.

PD: Perdón por el retraso en incluir este artículo. Fue publicado el 7 de diciembre en The Huffington Post. Por eso también lo podéis ver aquí.

Mañana debatimos la guerra contra las drogas

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Mañana participo en un debate organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) y La Casa Encendida. El tema, el balance de la guerra contra las drogas y las nuevas perspectivas que se están planteando para su regulación.

Estarán también José Soeiro, sociólogo portugués y dirigente del Bloco de Esquerda, y Jordi Cebrián, periodista y escritor de la revista Cáñamo.

Todos los datos los podéis encontrar aquí.

Como avance, adjunto un enlace a una entrevista que he hecho con la radio de La Casa Encendida. Espero que os guste. 

¿Hacia una nueva política de drogas en EE UU?

Esta semana se han producido dos eventos importantes, que podrían señalar el inicio de un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas dentro de EE UU.

El pasado lunes, una jueza de Nueva York sentenció que la política del Departamento de Policía, de parar y registrar indiscriminadamente a personas en la calle en busca de drogas, viola la Constitución del país ya que afecta de forma desproporcionada a poblaciones negras e hispanas. La táctica, asegura, se ha usado 4,4 millones de veces entre 2004 y 2012 y, en el 80% de los casos, las personas registradas eran hispanos y negros.

Afirma la jueza Scheindlin que “los más altos oficiales de la ciudad han cerrado los ojos a la evidencia de que la policía utiliza esta política de una forma discriminatoria en términos raciales”. Su sentencia confirma que para los delitos de drogas menos graves y no violentos, relacionados sobre todo con la marihuana, la polítia tiene un sesgo racial y afecta de forma indiscriminada a las minorías.

Por otra parte, el fiscal general Eric Holder ha anunciado el final de las penas de prisión obligatorias a nivel federal para delitos de drogas no violentos y de pequeña escala. Estas penas mínimas obligatorias afectan especialmente a la posesión de marihuana y contribuyen a cargar aún más un sistema de prisiones ya desbordado. 

El FBI reconoce que, en 2011, se produjo un arresto relacionado con la marihuana cada 42 segundos en el país, con 750.000 arrestos en total. Al año siguiente la cifra bajó a la mitad, pero sigue siendo muy superior a otras relacionadas con cocaína y otras drogas.

Eric Holder anunció la nueva política en un encuentro de la Asociación de Abogados en San Francisco, señalando que la cárcel “debería usarse para rehabilitar, y no sólo para castigar, almacenar y olvidar”. También señaló que las penas mínimas obligatorias le costó al gobierno 80.000 millones de dólares solamente en 2010.  

Aunque ambas iniciativas son moderadas y no cambios radicales (y ya han sido criticadas por insuficientes), podrían dar como resultado una bajada en las tasas de población carcelaria y sentencias menores para delitos leves.

Ya he hablado antes en este blog de la guerra contra las drogas. Sin embargo, sólo se abordaron algunas dimensiones internacionales de la “guerra”, y no la forma en que se libra dentro del territorio estadounidense. El enfoque de mano dura es también verdad aquí. Una política basada en un enfoque muy duro de aplicación de la ley ha dado como resultado la tasa de población encarcelada más alta del mundo, mucha de ella por delitos no graves relacionados con drogas, y especialmente cuando se trata de minorías raciales. Las políticas de prevención del consumo a través de la educación, y de salud pública, han recibido mucha menos atención y recursos.

La Administración Obama anunció, ya en 2009, un nuevo enfoque en la política antidrogas. La intención era buena, aunque los cambios no han sido ambiciosos, especialmente en el ámbito internacional. Estas iniciativas significan un cambio, sea o no suficiente. Veamos cuáles son los resultados.

La guerra contra las drogas

Las drogas ilegales y sus diferentes “mezclas” con los conflictos y la violencia son una fuente de inseguridad en muchos lugares. Pero las drogas ilegales tienen muchas facetas en un negocio que se caracteriza, por encima de todo, por su alcance global.

Para visualizar el alcance de este fenómeno son útiles estos mapas de la oficina de la ONU contra las drogas y el crimen (UNODC):

Rutas globales de la heroína

Rutas globales de la cocaína

Pequeños campesinos privados de alternativas viables cultivan opio o coca desde Asia a los Andes, como forma de sobrevivir. Grupos del crimen organizado se encargan de la transformación y procesado de esos productos y la logística que permite colocarlos en los mercados más pudientes. Por el camino, en ocasiones también financian a grupos armados. Y allí donde llegan pueden suponer un problema de seguridad pública, pero más a menudo incluso de educación preventiva y salud.

La guerra contra las drogas ha planteado problemas adicionales. Algunos de sus pilares son la erradicación forzosa de cultivos (y en mucha menor medida, consensuada), el despliegue de fuerzas policiales y militares para desmantelar los cárteles y cerrar las rutas, y en zonas como América Latina la extradición a EE UU. Sus éxitos son parciales, pero en los cuarenta años que lleva en marcha no ha logrado detener el flujo continuo de drogas por todo el mundo. Eso sí, ha causado violaciones de los derechos humanos e impactos graves en la seguridad y el desarrollo.

Si quieres saber más, en este enlace encontrarás un artículo mío reciente al respecto, publicado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

En una simulación sobre “The Emergent Progressive Era” que hemos conducido recientemente en WIKISTRAT, este escenario plantea cómo sería el proceso que podría llevar a poner fin a la guerra contra las drogas.

Y para terminar este documental, de Rachel Seifert, ofrece una vista panorámica de la cocaína y de la guerra contra ella: Cocaína, una historia entre líneas (2011)