Crimen organizado en 2014: nuevo informe

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (Global Initiative against Transnational Organized Crime) ha presentado su informe sobre tendencias a tener en cuenta en 2014. Este tema, que tradicionalmente se ha considerado interno y abordado con la ley y el sistema penal, va paso a paso camino de ser incluido en los principales análisis sobre tendencias globales en paz, seguridad y conflictos.

No es extraño. Muchas de estas redes tienen carácter transnacional; están involucradas en múltiples tráficos (drogas ilegales, personas, bienes y documentos falsificados, armas, productos derivados de especies en peligro, entre otros); y obtienen unos beneficios económicos que les permiten altos niveles de corrupción estatal. En ciertos países y regiones, llegan a suponer una amenaza para la gobernabilidad, la paz y la democracia.

¿Y cuáles son las tendencias previstas para 2014? Centrémonos en unas pocas, por su potencial impacto.

El crimen organizado ha aprovechado los conflictos, inestabilidad política y descontento social en algunos países del Norte de África y Oriente Medio. De Libia a Siria, hay territorios que se han incorporado a las rutas (y como mercados) de productos como drogas, armas y otros, mientras por el camino financian a grupos armados y proporcionan armas. El sur de Libia está afectado y también las regiones fronterizas en los estados vecinos. Libia es una puerta hacia Europa y parte del corredor Este-Oeste (y viceversa). En algunas zonas las milicias luchan por el control de rutas y un mercado emergente de servicios de protección. Siria es un mercado para las armas y para el tráfico de bienes, comida, medicinas y personas.

En los países del Golfo Pérsico crece el consumo de drogas ilegales (constituyen el 60% del consumo global de metanfetaminas y crece el de heroína y cocaína). Estos productos llegan a través de los puntos más débiles y con menos control, lo que añade vulnerabilidad a estados como Libia y Egipto.

Ciertas misiones internacionales de paz se enfrentan a nuevos retos. La doble misión de Francia y la ONU en Mali es un caso emblemático. Aquí se mezclan los conflictos locales, el crimen organizado y el terrorismo. La mayoría de estas misiones no incluyen en su mandato analizar (y mucho menos abordar) las economías ilegales y sus actores, proporcionar alternativas a las comunidades o abordar la corrupción.

Se dispara el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo anfetaminas: son baratas, muy adictivas y fáciles de fabricar. El consumo está en alza en Extremo Oriente y el Golfo Pérsico. Pero el nuevo mercado se espera que sea África, por donde ya pasan rutas importantes y con una incipiente producción en países como Nigeria.

La piratería no puede considerarse ya un asunto exclusivamente somalí. Ha crecido, y se espera que lo haga más, en el Golfo de Guinea y Asia oriental. Los puntos clave: zonas costeras densamente pobladas, donde hay disponibilidad de armas, pocas oportunidades económicas y escaso control estatal.

Pese a las regulaciones internacionales y nacionales, y a los esfuerzos que hacen muchos países, la caza furtiva y tráfico en especies salvajes (sobre todo aquellas muy demandadas en mercados que pueden pagarlas, como rinoceronte o elefantes) continúa beneficiando al crimen organizado. De paso, ponen en peligro algunas de las especies más amenazadas de extinción.

Tras décadas de estrategias punitivas y enfoques duros, en América Latina han comenzado a probarse dos nuevas estrategias, cuyos primeros resultados podrían verse en 2014. 1) Las tasas de violencia y homicidios, debidas a las guerras territoriales entre bandas, han llevado a El Salvador y Honduras a negociar una tregua con éstas buscando reducir los niveles de violencia. 2) Uruguay (como los estados de Washington y Colorado) ha legalizado el uso recreativo de marihuana.

Si te interesan estas tendencias, aquí está el informe completo de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

También de la Coalición, recomiendo este estudio sobre el papel de redes económicas ilegales en la actual situación en Mali, y el reto para la misión internacional (enero de 2014).

Y para ver un ejemplo de cómo estos temas se están incorporando a la agenda de paz y seguridad, este informe de James Cockayne, Strengthening Mediation to Deal with Criminal Agendas, Centre for Humanitarian Dialogue, Oslo Forum, 2013.

Criminalizar la protesta, poner en riesgo la democracia

Treinta activistas de Greenpeace llevan más de un mes de detención preventiva en Rusia, por realizar una acción de protesta pacífica en una plataforma de la petrolera Gazprom que lleva a cabo perforaciones en el Ártico.

El barco Arctic Sunrise fue abordado por la Guardia Costera rusa y la tripulación, así como un cámara y un fotógrafo, detenidos a punta de pistola. Desde el 18 de septiembre se encuentran en la cárcel de Murmansk y podrían llegar a cumplir dos meses de prisión sin cargos antes de que el tema llegue a juicio.

Pero esto no es lo peor. Rusia les acusó de piratería cometida por grupo organizado, un delito grave que puede conllevar una sentencia de hasta 15 años de prisión.

Juristas rusos y expertos en Derecho Internacional se pronunciaron en contra de la aplicación de este cargo a una protesta pacífica. El Código Penal ruso establece que la piratería se comete contra un barco, no contra una plataforma (como fue el caso), e incluye el uso de la violencia o el intento de robar la propiedad. El Derecho Internacional califica de piratería los actos violentos cometidos contra barcos o aeronaves con fines privados.

Lo más probable es que el cargo de piratería pretendiera dos cosas. Primero, justificar de forma retroactiva por qué se abordó el Arctic Sunrise en aguas internacionales (un acto ilegal por sí mismo excepto con esa justificación). Segundo, disuadir a otros de participar en protestas similares.

Ayer se conoció que los cargos de piratería eran retirados. Ahora les acusan de vandalismo y, a algunos activistas, de uso de la fuerza contra la policía.

Sigue siendo un ejemplo grave de una tendencia que prolifera: la criminalización de la disidencia y la protesta. Un informe reciente lo muestra con claridad. Se llama Take Back The Streets: Repression and Criminalization of Protest Around the World, y lo han elaborado nueve organizaciones de derechos y libertades en otros tantos países.

Hay una clara tendencia al uso excesivo de la fuerza del estado para aplastar manifestaciones de protesta pacíficas, incluyendo la vigilancia, infiltración previa y el uso “agentes provocadores”; los arrestos injustificados, la violencia y peticiones de penas desproporcionadas.

Esto ocurre en Rusia y en muchos otros lugares. Incluso en democracias, se está intentando restringir los canales de expresión, protesta y participación política al voto cada cuatro años. Parece que la sociedad debería votar y luego quedarse al margen y limitarse a esperar hasta la próxima vez. Otras formas de expresión son cada vez más criminalizadas.

Pero la libertad de pensamiento y expresión y los derechos de reunión, manifestación y protesta pacífica forman parte integral de lo que llamamos democracia. Y la sociedad civil tiene derecho a hacer oír su voz. El intento de “retorcer” el Derecho, nacional o internacional, para impedirlo mediante la intimidación, no debería ser tolerado.

Greenpeace tiene en marcha numerosas iniciativas para intentar que los activistas y el barco sean liberados. Si esto te interesa y quieres ayudar, entra en Greenpeace y súmate a alguna de ellas.

Sólo son activistas.